El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un “fugitivo” de la justicia estadounidense, luego de que el Departamento de Justicia presentara cargos en su contra por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.
Sin embargo, Rubio evitó pronunciarse sobre una eventual operación para capturarlo.
“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en este punto se ha convertido en un fugitivo de la justicia estadounidense”, declaró el jefe de la diplomacia norteamericana durante una rueda de prensa en Miami, antes de iniciar una gira oficial por Suecia e India.
Acusación por derribo de avionetas
La acusación presentada por las autoridades estadounidenses señala a Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 en el estrecho de Florida.
En ese hecho murieron cuatro aviadores vinculados a la organización de exiliados cubanos. Según la Fiscalía estadounidense, Castro, quien en ese momento era ministro de Defensa de Cuba, habría autorizado la operación militar que terminó con el ataque aéreo.
Rubio aseguró que las pruebas contra el exmandatario “son claras”, al afirmar que Castro “admite abiertamente y presume de haber dado la orden de derribar aviones civiles”.
Crecen las tensiones entre Washington y La Habana
La imputación contra el exlíder cubano se produce en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, tras nuevas sanciones económicas y restricciones energéticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
El caso también ha generado especulaciones sobre una posible estrategia similar a la utilizada por Washington contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, capturado este año en una operación respaldada por Estados Unidos, según medios internacionales.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y aseguró que el proceso judicial tiene motivaciones políticas y carece de fundamentos jurídicos.
