En medio de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’, las delegaciones anunciaron una ruta para la sustitución voluntaria y colectiva de 1.500 hectáreas de cultivos de coca en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
La iniciativa hace parte de los compromisos adquiridos durante la mesa de conversaciones y comenzará su primera fase el próximo mes, con liderazgo de las comunidades campesinas y el acompañamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a través del programa RenHacemos.
Crearán mecanismo de seguimiento
Para garantizar el cumplimiento del proceso, las partes acordaron la creación de un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, en el que participarán las delegaciones de paz, autoridades locales, representantes de las comunidades, la academia y organismos de la comunidad internacional.
Según lo pactado, el Frente 33 de las disidencias asumirá el compromiso de romper cualquier vínculo relacionado con el circuito económico de las drogas ilícitas y promover la sustitución de cultivos considerados de uso ilícito en sus zonas de influencia.
Créditos y proyectos productivos
Como parte de los acuerdos, la Mesa de Diálogos de Paz gestionará una línea especial de crédito con entidades como Finagro y el Banco Agrario, dirigida a familias y asociaciones campesinas e indígenas comprometidas con la sustitución de cultivos.
Los recursos estarán orientados a fortalecer proyectos productivos relacionados con café, cacao, yuca y otras iniciativas agrícolas que permitan reemplazar la economía derivada de la coca en la región del Catatumbo.
Titulación de tierras
El Gobierno Nacional también anunció que adelantará gestiones con la Agencia Nacional de Tierras para facilitar la titulación de predios a familias cultivadoras de coca que cumplan con los compromisos establecidos dentro del plan de sustitución voluntaria.
Con este acuerdo, las partes buscan avanzar en la transformación económica y social del Catatumbo, una de las regiones más afectadas históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos en Colombia.
