El nombre del empresario Euclides Torres Romero figura en tres expedientes administrativos y judiciales, pero eso no significa que tenga antecedentes porque nunca ha sido condenado ni sancionado. Por eso a varios de sus amigos y colaboradores del entramado de sus 51 compañías les pareció por lo menos temeraria la afirmación del presidente Abelardo De la Espriella al aludir a él -sin mencionarlo por su nombre- como a un “mafioso”.
El jefe del Estado lo puso por asociación en la escena pública durante un consejo de gobierno en su sede alterna del Batallón Paraíso, en Barranquilla, cuando anunció una reforma al Código Nacional de Tránsito para acabar, entre otras cosas, con multas que terminan convertidas en condenas económicas para las familias. “Detrás de eso también hay unas mafias grandes, de aquí de Barranquilla, que no es lo mismo, y las vamos a acabar”, afirmó De la Espriella con sus puños crispados. No resultó difícil de entender que se refería a Torres que ha controlado durante años la mayor parte de los componentes del Sistema de Control y Vigilancia –SICOV- una herramienta tecnológica implementada en Colombia por la Superintendencia de Transporte, que incluye revisiones técnico-mecánicas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), cursos para conductores Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y exámenes para la expedición de pases, sin incluir todo un set nacional de cámaras para fotomultas.
La ofensiva presidencial contra el zar del negocio en el tránsito
¿Por qué la ofensiva presidencial contra el zar de esta industria? Gran parte de la respuesta está en que Torres se jugó desde el principio a favor de su antecesor Gustavo Petro, a quien ayudó a financiar para llegar al poder, con un propósito redituable a juzgar por los contratos que rondaron los $200.000 millones.
El resto de las respuestas puede encontrarse al mirar los expedientes donde Torres figura unas veces en un papel protagónico y otras como actor de reparto.
El expediente CNE-E-DG-2023-002164 del Consejo Nacional Electoral se lee que en diciembre de 2023 los entonces magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada quisieron saber en detalle cómo fue canalizada la ayuda que Torres le dio a la campaña de Gustavo Petro, según los testimonios que estaba entregando su hijo Nicolás.
“Nicolás Petro declaró ante Fiscalía que Torres fue financiador no reportado en libros contables, junto a Samuel Santander López Sierra (Hombre Marlboro) y Gabriel Hilsaca Acosta (hijo de Alfonso Hilsaca). Según Fiscalía, esos aportes violarían topes al no haber sido reportados en Cuentas Claras”, escribieron los magistrados al sustentar la citación a Torres.
A vuelta de correo recibieron una carta el 23 de enero de 2024 en la que el empresario anunciaba que se abstendría de concurrir para proteger su derecho a la defensa, porque ya existía una investigación penal en Fiscalía. Quería preservar también su derecho a no auto incriminarse.
Euclides Torres llegó a la campaña de Petro por la via de Armando Benedetti y su apoyo financiero fue clave para lograr su triunfo
Al final el Consejo estableció que la ayuda consistió en patrocinar el montaje de una tarima en forma de “P” en la Plaza de la Paz de Barranquilla, por más de $300 millones, y en la financiación de eventos proselitistas en la Plaza Primero de Mayo de Valledupar y en el sector de La Boquilla, en Cartagena. La ayuda, intermediada por el excongresista Armando Benedetti, fue entregada al senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, esposo de una sobrina de Torres.
Puede interesarle: El clan Torres Villalba, socios de Benedetti, el apoyo clave en su regreso a Barranquilla
«Nunca aporté dinero. Sólo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato», declaró Torres ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, único escenario al que no se mostró renuente a comparecer.
La Fiscalía iría mucho más allá al establecer que Torres le entregó a Nicolás Petro un apartamento en Bogotá como un «favor o contentillo» por la financiación, que sin embargo no fue reportado en la declaración renta. Los famosos chats de Day Vásquez, exesposa de Petro hijo lo confirmaban.
El rastro en la contratación pública y las investigaciones contra Torres
Si la intención del gobierno De La Espriella fuera borrar el rastro del conglomerado de Torres del panorama nacional de la contratación, la tarea podría ser utópica por el alto volumen de negocios con varias entidades territoriales.
Por eso a varios de sus amigos y colaboradores del entramado de sus 51 compañías Foto: Leonel Cordero
Con cuentas todavía parciales son $106.248.623 millones para la instalación en siete departamentos de la región Caribe de la Región Caribe. Un largo etcétera de contratos de suman a millonarios negocios con la DIAN, la Agencia Nacional de Gobierno Digital, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Jurisdicción Especial para la Paz, el INPEC y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Aunque todavía no son conocidas decisiones de fondo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ahora en cabeza de la abogada Maria Rocio Cortes Vargas ha puesto el ojo a las prácticas de algunas de las unidades de negocio de la malla empresarial de Torres.
En concreto, en el pasado reciente investigó una presunta cartelización en la que se habría visto envuelta la firma Gestión de Seguridad Electrónica S.A., cuya representación legal ha estado a cargo de Álvaro de Borja Carreras Amorós, esposo de Katy Torres, hija de Euclides.
Torres resultó muy favorecido en el gobierno Petro con sus tentáculos de negocios también en el sector eléctrico, siempre protegido por Benedetti y Laura Sarabia
La SIC llegó hasta una formulación de un pliego de cargos por un presunto cartel de Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) contra Gestión de Seguridad Electrónica, Digital Training Colombia e Indra Sistemas SA. Estas firmas y otras siete se habrían puesto de acuerdo sobre las tarifas para exámenes de habilitación, en contravía de disposiciones sobre la libre competencia.
Euclides Torres Romero figura como investigado directo en esa actuación, de acuerdo con un expediente radicado en la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC. El objeto de la investigación está relacionado exactamente con “(La) creación y consolidación de un cartel empresarial desde 2014 para acordar tarifas en los exámenes de CRC y para definir un único proveedor del software SICOV entre 2013 y 2018”.
En ese momento la SIC aludía a Torres como a quien «controla alrededor de 40 empresas en diferentes mercados. En este negocio específico, posee la organización Simetric. El proceso tenía además como encartadas a la Compañía Internacional de Integración y a las firmas Olimpia Management y Softmanagement card.
Su idea -perversa para los investigadores- era consolidar un único proveedor del servicio SICOV de los CRC entre 2013 y 2018. De hecho, se presentaron como falsos competidores ante Superintendencia de Transporte. El expediente está radicado bajo el consecutivo SIC 14-5962 – Cartel de CRC / SICOV.
Entre los cobijados por los pliegos de cargos figuraron Efrén Junior Montañez Pedraza, Rafael Giovanni Fajardo Quiroz, Álvaro de Borja Carreras Amoros (representante legal de Digital Training S.A.S), Roque José Fadul Meyer (representante legal de Simetric S.A.), Daniel Lorenzo Medina Salcedo, Ricardo Parada Martínez, Jaime Eduardo Santos Mera y Mauricio Rodríguez Santamaría, por presuntamente haber “colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas…”
Hasta hoy, en el repositorio de Decisiones de Competencia de la SIC no aparece una Resolución de sanción en firme publicada para ese expediente.
Lo que habrá que ver ahora es si, más allá de la reforma al Código de Transporte que le reste capacidad económica a alguna de las empresas del clan, habrá otras decisiones de mayor calado del Ejecutivo para pasarle cuenta de cobro por su apoyo a Petro.
Navegación de entradas
