El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a través de un real decreto-ley, el embargo de armas a Isrel y el veto al comercio de productos procedentes de territorios palestinos ocupados. La normativa, que tendrá que ratificar el Congreso, prohíbe la importación y exportación de armamento, material de doble uso y tránsito por territorio español del combustible que usan las Fuerzas Armadas israelíes. Sin embargo, el Gobierno se guarda la posibilidad de revertirlo en situaciones excepcionales en los casos que suponga un «menoscabo para los intereses generales nacionales».
Esta posibilidad de levantar temporalmente el embargo ha generado tensiones dentro del Gobierno. Sumar ha criticado que la medida deja abierta la puerta a excepciones discrecionales y ha anunciado que buscará que el Congreso suprima esta cláusula. Según la formación, mantener la norma tal como está podría debilitar el impacto del embargo y enviar señales contradictorias sobre la postura española respecto al conflicto israelo-palestino.
En este contexto, organizaciones como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) han señalado, en un documento publicado el mismo martes, que «Esta norma no supone un embargo», ya que «el texto incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel», argumentan.
La confidencialidad de las excepciones al embargo
La disposición adicional primera del decreto-ley establece que esas autorizaciones «excepcionales» deberán contar con un informe previo de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de regular el comercio de armas en España.
Sin embargo, las actas de la JIMMDU son clasificadas como secretas a raíz de un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González el 13 de marzo de 1987, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales del régimen franquista. Por lo tanto, este caracter secreto dificultará conocer públicamente los argumentos que se manejan a la hora de declarar la excepcionalidad de la que habla el texto aprobado por el Gobierno.
No se bloquea el tránsito por España de armas con destino a Israel
Pese a que el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros prohíbe la importación, exportación y tránsito por España de armamento y material de doble uso, no modifica el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, lo que significa que los productos de origen estadounidense pueden seguir transitando por España hacia Israel.
Al ser preguntado por estos posibles ‘desvíos’, el ministro Cuerpo aseguraba que «desde el Gobierno estaremos pendientes de si se da este desvío hacia otros Estados». Además, para diferenciar el origen de los productos, el Ejecutivo plantea que el Ministerio de Asuntos Exteriores elabore un listado con los códigos de los territorios de Israel y de los territorios a vetar, y que la Agencia Tributaria ratifique ese listado para impedir su entrada en las aduanas españolas.
Desde RESCOP matizan además que el documento «Permite el tránsito de barcos y aviones con material militar» y denuncian que «no se incluyen protocolos de inspección ni mecanismos de verificación. En nuestros puertos, aeropuertos y bases militares, pueden seguir transitando barcos y aviones con material militar. Tampoco veta el tránsito de buques o aeronaves sistemáticamente implicados en ese comercio».
¿Qué pasa con los contratos ya adjudicados?
En las últimas dos semanas, el Gobierno español ha cancelado 23 contratos con empresas israelíes, acumulando un total superior a los 1.000 millones de euros. Estas anulaciones se enmarcan en el contexto del embargo de armas a Israel, que persigue el objetivo de alcanzar una «dependencia cero» del comercio de armamento con ese país.
Entre los contratos rescindidos destacan los de Elbit Systems, que sumaban 4,5 millones de euros para el Ejército de Tierra, otros acuerdos con Elbit y Rafael Advanced Defense Systems, y los contratos con la empresa NSO Group, fabricante del software espía Pegasus, cuya utilización había provocado una crisis de desconfianza entre los partidos independentistas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, organizaciones como RESCOP o Greenpeace han denunciado que «el embargo no afecta a los contratos ya adjudicados a la industria militar israelí o sus filiales en España». Además, aseguran que «no se prohíbe que las empresas israelíes contraten con la administración pública española, ni se limita la asistencia financiera, la colaboración tecnológica o la cooperación militar», por lo que consideran que el decreto presenta «amplias grietas legales» que permiten «la continuidad de la complicidad con el genocidio».
Lo que sí recoge el embargo de armas del Gobierno
Pese a sus limitaciones, desde la RESCOP reconocen los aspectos positivos del embargo. La organización valora que el decreto contemple la revocación de autorizaciones vigentes de importaciones y exportaciones. En cuanto a las importaciones, el texto establece la prohibición de material de defensa procedente de Israel, aunque nuevamente «podrían aplicarse excepciones similares».
Por último, RESCOP destaca como una medida «concreta y clara» la denegación del tránsito de combustibles militares JP4, JP5 y JP8 con destino a las Fuerzas Armadas israelíes.
Sin embargo, desde la organización insisten en que «solo un embargo integral puede romper la complicidad de España con el genocidio en Palestina» y declaran que «la medida aprobada es un colador incapaz de frenar la participación de España en graves violaciones de derechos humanos».
