La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato firmado en 2022 para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional.
La actuación disciplinaria se concentra en decisiones adoptadas al interior del Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA).
Entre los investigados figuran el coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes ejercían distintos cargos de responsabilidad durante el proceso contractual.
Según el ente de control, la investigación busca establecer si existieron deficiencias en la definición de los factores de selección del contratista y posibles fallas en la supervisión del contrato.
«La Procuraduría busca establecer si se habrían presentado posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista y una deficiente vigilancia y control del contrato que pudieron incidir en un posible incumplimiento contractual», señaló el organismo.
El contrato tenía como objetivo la adquisición de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART) para la Policía Nacional por un valor superior a los $3.700 millones.
La Procuraduría determinará si durante la ejecución del contrato se presentaron conductas que puedan constituir faltas disciplinarias relacionadas con un eventual incumplimiento y posibles hechos de corrupción.
