Entre obediencia ciega y desconocimiento anticipado existe un camino democrático: investigar dudas, esclarecer hechos y devolverle razones a la ciudadanía
Las sociedades también construyen memoria alrededor de sus heridas. No solamente recuerdan los hechos; recuerdan las dudas que nunca terminaron de resolverse y las preguntas que permanecieron abiertas durante generaciones. Colombia conoce bien esas memorias.
En 1970 una parte importante del país sintió que la voluntad popular había sido desconocida, cuando se dio como ganador a Misael Pastrana frente a Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales; hubo denuncias de fraude, interrupciones en la divulgación de resultados, estado de sitio y una pérdida de confianza que marcó durante décadas la legitimidad del sistema político.
Más allá de las distintas interpretaciones históricas sobre aquella elección, lo verdaderamente decisivo fue la fractura de confianza que quedó instalada en la sociedad. Durante décadas ese episodio fue contado en las familias, en las universidades, en los sindicatos, en los barrios y en las plazas como el ejemplo de una democracia incapaz de responder plenamente a las dudas de sus ciudadanos. Aquella herida se incorporó al repertorio de agravios y desconfianzas de una sociedad que ya arrastraba profundas violencias y exclusiones políticas.
Veinte años después, la Constitución de 1991 abrió una esperanza distinta. Fortaleció derechos, amplió mecanismos de participación y construyó nuevas instituciones para proteger la democracia. Sin embargo, pocos años más tarde – entre 1994 y 1998 – el país enfrentó otra crisis de legitimidad con el llamado Proceso 8.000. Esta vez el debate no giró alrededor del conteo de los votos, sino de la posible infiltración del dinero del narcotráfico en la campaña presidencial. La pregunta volvió a ser la misma: ¿cómo preservar la legitimidad democrática cuando existen dudas profundas sobre el origen o el ejercicio del poder?
La respuesta, aunque imperfecta, logró generar un mínimo de coexistencia: al permitir que actuaran la justicia, los organismos de control, el Congreso, los medios de comunicación y la sociedad civil, se logró sostener una dinámica institucional muy precaria pero sobreviviente. El país discutió intensamente, se polarizó y sufrió enormes tensiones, pero entendió que ninguna democracia puede sostenerse si las sospechas sustituyen a las instituciones. La crisis tuvo cauces institucionales de investigación, controversia pública y control, aunque su desenlace continuara siendo objeto de fuertes disputas políticas y jurídicas.
Hoy Colombia vuelve a vivir un momento de enorme sensibilidad. Existen denuncias que cuestionan el proceso electoral. Sectores importantes de liderazgos, fuerzas políticas y ciudadanías consideran que son suficientemente graves; otras creen que carecen de fundamento. Precisamente por eso la discusión no puede resolverse mediante adhesiones incondicionales ni mediante descalificaciones automáticas. Las democracias no son fuertes porque nunca atraviesen crisis de legitimidad, sino porque disponen de instituciones capaces de investigar las dudas sin someterse al poder ni a las pasiones del momento.
El asunto es que las sociedades también tienen memoria; no solo la guardan los archivos, los libros o los tribunales; la conservan las conversaciones en la tienda del barrio, los relatos familiares, las plazas, las universidades y las calles. Colombia carga una memoria profunda sobre lo que ocurre cuando una parte importante de la ciudadanía siente que su voto dejó de ser el puente entre la esperanza y el poder; en este caso la democracia necesita algo más exigente: necesita verdad.
Si existen pruebas de irregularidades, deben ser investigadas con toda la capacidad técnica, jurídica e institucional del Estado; no se pueden quedar en afirmaciones de medios digitales. Si esas pruebas no resisten el examen, esa conclusión también debe ser pública, motivada y verificable. En ambos casos la ciudadanía merece razones, no únicamente relatos enfrentados.
Sería un gesto de fortaleza democrática abrir este proceso a verificación técnica de procedimientos, revisión documental, actuación de autoridades competentes, observación electoral o investigación judicial y al acompañamiento de veedurías nacionales e internacionales. La soberanía no se debilita cuando acepta el escrutinio; se fortalece cuando demuestra que sus instituciones pueden responder con transparencia a las dudas de la ciudadanía.
Hoy preocupa algo que rara vez aparece en las estadísticas: en las esquinas, en los buses, en las universidades y en los parques, la gente no discute solamente quién ganó una elección; discute si todavía vale la pena creer en las reglas comunes. Esa conversación silenciosa termina definiendo la calidad de una democracia mucho más que cualquier discurso oficial.
La historia colombiana deja una enseñanza sencilla y profunda. Cuando la justicia llega tarde, la desconfianza ocupa su lugar y cuando la desconfianza se convierte en costumbre, la democracia comienza a perder su suelo moral. No necesitamos repetir las heridas del pasado, necesitamos aprender de ellas.
Por eso, este no debería ser el tiempo de exigir obediencias ciegas ni de promover desconocimientos anticipados. Debería ser el tiempo de exigir una justicia electoral independiente, pronta, técnicamente rigurosa y abierta al escrutinio ciudadano e internacional, porque la democracia no se preserva ocultando las dudas, se preserva teniendo el coraje institucional de investigarlas hasta el final.
Solo así la verdad podrá convertirse, una vez más, en el fundamento de nuestra convivencia democrática.
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