El presidente Gustavo Petro anunció que firmará un nuevo decreto de estado de emergencia económica el próximo martes 24 de febrero, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país y después de la controversia por la suspensión de un decreto anterior por parte de la Corte Constitucional.
Según dijo el mandatario en su cuenta de X, la medida incluirá un nuevo gravamen dirigido al sistema financiero, a través de una sobretasa al impuesto de renta que pagan estas entidades, con el fin de aumentar los ingresos fiscales bajo el marco de la emergencia económica.
«Este crecimiento de las utilidades (de los bancos) no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interno promovida por el Banco de la República. Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer y es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana», mencionó el jefe de Estado.
Emergencia económica como herramienta fiscal
La figura de emergencia económica ha sido empleada por este Gobierno para implementar reformas tributarias y cambios fiscales con fuerza de ley durante periodos en que no existe control político pleno del Congreso, como cuando este ha hundido proyectos de reforma o se encuentra en receso.
En diciembre de 2025 se emitió un decreto similar tras el rechazo de una reforma tributaria, aunque fue temporalmente suspendido por la Corte Constitucional.
Bajo este nuevo decreto, el Gobierno pretende volver a recurrir a la emergencia para introducir gravámenes adicionales, incluyendo la mencionada sobretasa a las utilidades de los bancos y, según análisis de expertos tributarios, un posible impuesto al patrimonio para grandes empresas con tarifas que podrían oscilar entre el 0,6% y el 1,2% sobre niveles elevados de riqueza empresarial.
Debate sobre límites y control institucional
El uso de la emergencia económica para introducir nuevas figuras tributarias ha generado debate sobre los límites institucionales y el control del poder ejecutivo.
Sectores de la sociedad argumentan que esta herramienta debería reservarse para situaciones catastróficas imprevisibles, y no para soluciones fiscales derivadas de desacuerdos entre el Gobierno y el Legislativo (opinión reflejada en demandas presentadas ante instancias judiciales).
Mientras tanto, el presidente Petro insiste en que estas medidas son necesarias para enfrentar la crisis fiscal y que los recursos adicionales deben provenir de sectores con mayor capacidad contributiva, como el sistema financiero y grandes empresas, con el objetivo de “equilibrar” las finanzas del Estado.
