La Delegación del Gobierno en Madrid asegura que el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol se ha llevado a cabo después de que los organizadores comunicaran que daban por finalizada su reivindicación y por «la existencia de hechos presuntamente delictivos e incidentes«. Las Policías Nacional y Municipal han desalojado la acampada en torno a las tres de la mañana, en una intervención sin incidentes importantes salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.
La Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado en el que señala que este desalojo progresivo se ha desarrollado sin violencia y de forma gradual en los últimos días, y asegura que su actuación ha estado orientada a «garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol».
Explica que el pasado viernes, 30 de octubre, los acampados comunicaron a la Delegación del Gobierno que habían disuelto todas las comisiones mediante las que se había venido organizando la acampada reivindicativa y dejaron constancia de que su reivindicación inicial había terminado.
«A pesar de ello, en el espacio quedan residualmente algunas personas acampadas que se niegan a retirarse«, explica la nota de la Delegación, que añade que, en este contexto, la Jefatura Superior de Policía de Madrid comunicó la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada, algunos con afectación directa a personas instaladas en el lugar, transeúntes y agentes actuantes.
«La evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones pese a las comunicaciones efectuadas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso», concluye.
Explicación de la actuación de Gobierno
En el comunicado se afirma que la actuación de la Delegación del Gobierno se ha orientado a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol, garantizando los derechos y con el desalojo «como último recurso«.
Explica que desde el inicio de la acampada, el 26 de septiembre, la Delegación entendió que la permanencia en la Puerta del Sol quedaba comprendida en el ámbito de protección del derecho fundamental de reunión y solicitó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico.
«Esta consideración se mantuvo mientras la concentración conservó su carácter temporal y una finalidad reivindicativa común«, señala. Subraya que siempre ha dado «prioridad a la interlocución, a la retirada voluntaria de las instalaciones y a la adopción de medidas concretas para corregir los riesgos detectados, valorando cada actuación de acuerdo con las circunstancias existentes en cada momento» y en contacto tanto con el Sindicato de Inquilinas como con los portavoces de la acampada.
«Estas comunicaciones, mantenidas tanto de forma verbal como escrita, han supuesto la oportunidad de resolver situaciones de mayor o menor riesgo, como la protección de la fachada de la Real Casa de Correos para evitar su degradación, o la retirada ordenada de elementos sobre los respiraderos de Metro de Madrid, para llevar a cabo labores de limpieza», explica. Agrega el comunicado que estos contactos «han conseguido también avances en la desocupación progresiva en este espacio, como se viene observando desde hace dos semanas».
El lunes 26 de octubre, siendo Francisco Martín el delegado del Gobierno en Madrid y habiéndose retirado algunas de las organizaciones convocantes, se remitió un escrito a los acampados en el que se afirmaba que «había trascurrido un periodo de tiempo razonable en el que se ha podido hacer llegar sus reivindicaciones a la sociedad» y que, con todo ello, «podría resultar legítimo poner fin a dicha acampada».
«Días más tarde, y tras no obtener respuesta al anterior escrito, el 29 de octubre, siendo delegada Pilar Trinidad, se remitió un segundo escrito en el que, recogiendo todo lo señalado anteriormente, se pasaba a exigir el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad«, señala el comunicado
