El gobierno ha desbloqueado la ley de la AP-9 tras una década de bloqueos y cuatro intentos fallidos por parte del Parlamento de Galicia para hacerse con la titularidad de la vía de alta capacidad. Lo que comenzó en 2016 como una propuesta vetada por el gobierno de Mariano Rajoy ha derivado en un pacto entre PSOE, BNG y Sumar para acordar el traspaso.
Sin embargo, el PP no está conforme con el acuerdo, ya que, según indican desde la Xunta, deja fuera «aspectos esenciales» del texto aprobado por unanimidad en la Cámara legislativa autonómica. Por otro lado, la concesión de la AP-9 de Audasa no expirará hasta el año 2048.
¿En qué punto se encuentra el proceso de transferir la AP-9?
El pasado 26 de mayo, la ponencia del Congreso aprobó el informe que recoge las enmiendas pactadas por los socios de gobierno y los nacionalistas gallegos. A pesar del voto en contra de PP y Vox, el texto ha salido adelante con el respaldo de Bildu, ERC, PNV y Junts.
Tras este paso, la hoja de ruta parlamentaria será la siguiente: En primer lugar, la tramitación de la transferencia de la AP-9 debe continuar en la Comisión de Transportes, donde el informe aprobado por la ponencia tiene que ser ratificado antes de su llegada a la Cámara Baja.
Posteriormente, el texto se someterá a votación en el Pleno del Congreso, donde, al tratarse de una ley orgánica, la transferencia requerirá mayoría absoluta para que la norma se apruebe definitivamente. A continuación, una vez superada la fase en el Congreso, la propuesta pasará al Senado, una cámara donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar o condicionar el proceso antes de que la norma reciba la luz verde definitiva.
Finalmente, tras la aprobación de la ley, las condiciones técnicas y económicas del traspaso de competencias deberán negociarse de forma bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado, culminando el proceso con la publicación de un real decreto que detalle la transmisión de funciones y servicios.
Las claves del acuerdo: titularidad y gestión compartida
El acuerdo actual determina que Galicia asumirá la titularidad de la AP-9, las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y las funciones de inspección y sanción.
No obstante, el Estado mantendrá bajo su responsabilidad las obligaciones económicas derivadas de decisiones tomadas durante su periodo de competencia, como las bonificaciones vigentes y los compromisos financieros con la concesionaria Audasa previos al traspaso.
Una demanda histórica estancada desde 2016
La transferencia de la autopista del Atlántico ha sido un camino tortuoso de diez años y cuatro intentos legislativos. En 2016 y 2017, el gobierno del PP en Madrid vetó el debate. Con la llegada de Pedro Sánchez en 2018, aunque se admitió a trámite, el adelanto electoral de julio de 2023 detuvo el avance.
No fue hasta finales del mismo año cuando el Parlamento de Galicia volvió a aprobar por unanimidad una demanda que, tras sufrir más de 60 prórrogas en el Congreso, ha logrado desbloquearse este mes de mayo de 2026.
