Paso definitivo de la UE para disponer de una política migratoria más dura: la Comisión, el Parlamento y el Consejo han pactado este lunes el nuevo reglamento de retornos basado sobre todo en una aceleración de las deportaciones y en la autorización de que los países miembros -que son los que tienen la competencia- puedan disponer de centros de detención de migrantes en terceros estados, siguiendo el ‘modelo Meloni’ aplicado por Italia en acuerdo con Albania. Este paso supone una victoria para los partidos de derecha y los partidarios de una gestión migratoria más ortodoxa.
Además, la nueva normativa de retorno prevé plazos de detención para los repatriados de hasta dos años en caso de que haya riesgo de fuga o no se coopere con las autoridades. Esos plazos se pueden aplicar también a los menores no acompañados, aunque en este caso se insiste en que se trata «del último recurso» y solo se daría en situaciones extremas y también solamente dentro de la UE.
Todas estas medidas, que ya se preveían, han recibido duras críticas por parte de las ONG. Por ejemplo, para hacer viable esta estrategia de los centros de detención fuera del territorio comunitario, Bruselas ha diseñado un nuevo encaje legal, ya que estos procedimientos no eran compatibles anteriormente con el Derecho comunitario. Sin embargo, la normativa establece una excepción fundamental por razones de vulnerabilidad: los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros de deportación en el extranjero bajo ninguna circunstancia. Con este cambio de paradigma jurídico, el bloque busca agilizar los procesos de retorno manteniendo a los solicitantes rechazados alejados del espacio común europeo durante la fase final del trámite.
En todo caso, esta parte queda completamente en manos de los gobiernos nacionales, y la UE solamente proporcionará el esquema sobre el que trabajar. Asimismo, la mayor parte de las medidas contempladas en el nuevo marco entrarán en vigor doce meses después de su aprobación. No obstante, algunas disposiciones, como la autorización para externalizar los centros de deportación y el refuerzo del respaldo a la agencia europea de vigilancia fronteriza, Frontex, serán aplicables de forma inmediata una vez que la normativa se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, según han explicado fuentes consultadas por 20minutos.
Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP y presidente de la Comisión de Libertades (LIBE) del Parlamento Europeo ha defendido durante todo el proceso una inmigración «ordenada, regular y vinculada al mercado laboral, frente a las vías irregulares y las regularizaciones masivas promovidas por el Gobierno de Sánchez», según han explicado desde las filas populares.
Cabe reacordar también que al tratarse de un reglamento europeo —y no de una directiva— será de aplicación obligatoria y directa en todos los Estados miembros. «España también deberá aplicarlo», insisten desde el PP. Así, al finalizar la negociación a tres Zarzalejos se ha mostrado «muy satisfecho por el acuerdo», que pone el broche final al paquete migratorio europeo, señalando que «desde el día de hoy la Unión Europea tiene una política migratoria más seria, ordenada y creíble», concluyó.
No han tenido la misma reacción las filas socialdemócratas en la Eurocámara. «El proceso apresurado y basado en una mayoría de derecha a ultraderecha permite centros de retorno legalmente dudosos, redadas de deportación al estilo de ICE y reducción de incentivos para el retorno voluntario», reaccionaron en un mensaje en las redes sociales.
Ahora tanto los 27 como el pleno de la Eurocámara tendrán que validar el acuerdo por separado para llegar el final del proceso. La Comisión Europea presentó en marzo de 2025 el reglamento por el que se pretendían establecer normas comunes «para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular en la UE, con el objetivo de complementar el pacto sobre migración y asilo, cuya aplicación comenzará a partir del 12 de junio de 2026″, recalcaron desde Bruselas. Según los últimos datos, actualmente el 64% de los retornos apoyados por Frontex han sido voluntarios, añadieron en su explicación.
«El nuevo reglamento agilizará el proceso de retorno y aumentará el número de retornos de personas que carecen de derecho legal a permanecer en la UE», valoró por su parte la presidencia chipriota del Consejo, que ve este acuerdo como «histórico» porque, dicen, «refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto de la UE sobre migración y asilo, siempre en el respeto de los derechos humanos».
