La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra un guardián del INPEC señalado de haber acumulado un patrimonio millonario mientras prestaba sus servicios en la cárcel de Itagüí.
Según denuncias conocidas por las autoridades, el funcionario habría facilitado privilegios a jefes de organizaciones criminales recluidos en el pabellón de máxima seguridad, en medio de los acercamientos con estructuras ilegales en Medellín.
Patrimonio bajo sospecha
De acuerdo con reportes incluidos en expedientes judiciales y disciplinarios, el servidor público habría adquirido varios bienes, entre ellos cuatro apartamentos, locales comerciales y un vehículo de alta gama, pese a recibir un salario mensual que no superaría los dos salarios mínimos legales vigentes.
El incremento patrimonial se habría registrado en los últimos años, coincidiendo con la llegada de cabecillas criminales a ese centro penitenciario.
Fiestas, licor y beneficios ilegales
Las irregularidades no se limitarían al presunto enriquecimiento. Funcionarios del propio INPEC advirtieron sobre prácticas ilegales dentro del penal, como la realización de celebraciones con ingreso de licor, alimentos especiales y otros elementos prohibidos.
Uno de los episodios documentados describe una fiesta en el pabellón de alta seguridad, en la que participaron internos de alto perfil. También se reportaron reuniones con comidas especiales y el ingreso irregular de visitantes sin registro en los controles oficiales.
Las denuncias apuntan además a la presunta participación de varios funcionarios que habrían recibido pagos para permitir estas actividades.
Parrandas y millonarios pagos
Uno de los hechos más llamativos fue la realización de una parranda vallenata dentro del penal, que, según testimonios, habría tenido un costo superior a los 500 millones de pesos.
Parte de estos recursos, de acuerdo con las investigaciones, se habría destinado a funcionarios que omitieron controles dentro del establecimiento.
Alertas previas y fallas en controles
Las irregularidades ya habían sido advertidas. Un informe del Ministerio de Justicia, entregado hace más de un año al Gobierno nacional, incluyó alertas sobre posibles excesos en la cárcel de Itagüí y sobre decisiones que habrían interferido en operativos de control.
Testimonios recogidos en el expediente señalan que inspecciones fueron suspendidas o anticipadas mediante filtraciones, lo que habría permitido ocultar elementos prohibidos. También se menciona el ingreso de vehículos en horas de la madrugada y la realización de actividades sin autorización.
Investigación en curso
Pese a las denuncias, el guardián investigado habría permanecido en su cargo durante parte de las indagaciones, manteniendo contacto con internos de alto perfil.
El caso llevó al INPEC a adoptar medidas administrativas, incluida la suspensión de algunos funcionarios. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación asumió el proceso con poder preferente y revocó dichas decisiones, lo que permitió el reintegro de varios implicados mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar la responsabilidad de los funcionarios y esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades dentro del centro penitenciario.
