Una vez aprobada por decreto la regularización de los inmigrantes en situación irregular, cientos de miles de personas afrontan un proceso más complejo que esta fórmula jurídica por la cual el Gobierno aplica su voluntad política sin pasar por el Parlamento. Ahora, los beneficiados afrontan colas e incertidumbre; los funcionarios lidian con el colapso; las comunidades calculan el impacto de la medida en sus arcas y en sus servicios.
Se puede, sí, regularizar por decreto, pero la inmigración tiene vertientes económicas, sociales y legales que se entremezclan; con repercusiones distintas según las zonas de España, sus características y necesidades.
El verdadero desafío es la integración. Y requiere medios, coordinación y una política que mire, como mínimo, a medio plazo.
