La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles un requerimiento de emergencia del Gobierno de Donald Trump e impidió la aplicación de una política que busca negar tratamiento de afirmación de sexo a cientos de reclusos transgénero en las prisiones federales.
La decisión mantiene vigente la sentencia de un tribunal inferior que bloquea a la Oficina Federal de Prisiones para poner en marcha una directiva que habría puesto fin a terapias hormonales y otros tipos de atención médica a personas trans en estas instituciones penales.
«La solicitud de suspensión presentada ante el presidente del Tribunal Supremo, y remitida por este al Tribunal, queda denegada«, reza la breve orden judicial, que solo agrega que los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito habrían apoyado la petición de la Administración Trump.
Durante el verano, un juez federal del Distrito de Columbia falló en contra de la política del Gobierno republicano, que ha respaldado medidas para restringir los derechos del colectivo LGBTIQ, y más específicamente de la comunidad trans, como parte de la guerra cultural impulsada por Trump y su Gabinete.
Un tribunal de apelaciones rechazó la petición de la Administración de suspender el bloqueo, medida cautelar que se mantiene ahora con la decisión del Supremo. Mientras, el litigio en torno a esta directiva continúa.
El caso Kingdom vs. Trump representa los intereses de unos 1.000 reclusos con un diagnóstico de disforia de género, defendidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que calcula que cerca de 800 de ellos tienen prescrita su terapia hormonal.
Más de 2.000 reclusos en prisiones federales estadounidenses se identifican como personas transgénero, según estimaciones de la ACLU citadas por la cadena pública NPR.
La Oficina Federal de Prisiones dejó de publicar datos sobre individuos trans desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025 y solo registra a hombres y mujeres en el sistema penal.
En junio pasado, la mayoría conservadora (6-3) del Tribunal Supremo estadounidense se situó del lado de la Administración y avaló leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución.
