El Juzgado Cuarto Laboral de Santa Marta emitió un fallo pionero que obliga a jueces a evaluar el clima para proteger los derechos fundamentales
Texto escrito por: Álvaro Andrés Cotes Córdoba
Un juzgado laboral del Caribe colombiano emitió la primera decisión judicial del país que sistematiza y aplica un enfoque climático-constitucional para proteger derechos fundamentales, al resolver la tutela de una madre que no tenía agua suficiente para sus tres hijos menores.
Se trata del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, el cual, mediante fallo de tutela del 27 de mayo de 2026 (radicado 47-001-31-05-004-2026-10069), estableció que los jueces deben incorporar el factor climático en cuatro momentos clave del razonamiento judicial: interpretación de derechos, valoración de pruebas, asignación de deberes y diseño de remedios, siempre que exista una conexión razonable con la amenaza al derecho.
El caso surgió en la Urbanización San Antonio de Santa Marta, donde una ama de casa, Karen, denunció que el agua llegaba a su casa con apenas 8 PSI de presión, mientras vecinos llenaban piscinas sin problema. La empresa ESSMAR clasificó el inconveniente como “falla domiciliaria”. Pero el juez contextualizó la demanda en la calamidad pública por sequía decretada en Santa Marta (Decreto Distrital 047 de 2026) y el fenómeno de El Niño.
La sentencia no crea un “derecho al clima”, pero sí implementa un test de afectación iusfundamental por factor climático (cinco preguntas de admisibilidad y cinco pasos de fondo), una vara probatoria basada en plausibilidad técnica y la carga dinámica de justificación sobre las entidades públicas y privadas, que ahora deben demostrar qué medidas tomaron.
Entre las órdenes concretas: está el suministro de carrotanques con mínimo 50 litros por persona al día, plan técnico para la vivienda y cronograma para intervenir el Pozo 25, con participación de Gobernación y ministerios. No es la primera vez que ese despacho judicial marca precedente. El mismo Juzgado Cuarto Laboral ha emitido fallos que ampliaron el derecho a la oportunidad política real (tutela de Javier José Yepes Conde, 2023).
El reconocimiento de las comunidades ancestrales del agua en el caso del Cabildo Indígena de Taganga contra proyectos petroleros en el Bloque Tayrona. Y sobre las medidas de equidad de género en la designación de contralores departamentales.
Expertos jurídicos señalan que estas decisiones, aunque aún pueden ser revisadas por instancias superiores, están generando debate en círculos académicos y judiciales por su carácter pionero y su origen en un tribunal de provincia.
La sentencia se apoya en la Constitución, la Ley 1931 de 2018 de cambio climático, el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con este fallo, un problema doméstico de agua se convirtió en un hito jurisprudencial que obliga a mirar el clima no como un detalle, sino como un elemento central en la protección de los derechos humanos.
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