El Gobierno quiere volver a aprobar este martes en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que tumbó el Congreso el pasado viernes. Con la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, la convalidación ya no se celebrará en el pleno del Congreso, que los tumbó el viernes, sino en la Diputación Permanente, el órgano que asume algunas funciones de la Cámara cuando las Cortes están disueltas. Esta vía cambia el terreno de juego: Junts dejaría de ser decisivo y el Ejecutivo intentaría reunir apoyos entre PSOE, Sumar y sus socios. El decreto contra los desahucios podría salir adelante si mantiene el respaldo del PNV, además de EH Bildu, ERC y Podemos; el de los contratos de alquiler tendría más difícil la convalidación. La Diputación Permanente deberá votarlos dentro de los 30 días siguientes a su publicación.
El detonante inmediato de esta batalla fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas. El caso se convirtió en símbolo de la crisis habitacional y alimentó las protestas y la acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol, reclamando medidas para frenar los desahucios y proteger a los inquilinos. En ese clima de presión social, PSOE y Sumar cerraron un acuerdo y el Consejo de Ministros aprobó hace menos de una semana, el pasado martes, dos decretos de vivienda.
El primero reunía la mayor parte de las medidas: ampliaba hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, permitía prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler que vencieran antes de finales de 2028 y limitaba ciertas compras especulativas de viviendas. También incluía incentivos fiscales y ayudas para inquilinos, así como préstamos para la compra de una primera vivienda. El segundo decreto, separado del primero para votarlos por separado, planteaba la renovación automática de los contratos de alquiler.
El Congreso tumbó ambos textos el viernes, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La derrota llegó tras varios días de protestas por la vivienda y dejó al Gobierno sin las medidas que había presentado como respuesta inmediata a ese malestar. Tras un fin de semana de reflexión, Sánchez anunció la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, aunque sin precisar en esa intervención ninguna medida sobre vivienda. No obstante, fuentes gubernamentales avanzan que el Ejecutivo tiene la intención de volver a llevar los decretos al Consejo de Ministros de este martes para intentar que los vote la Delegación Permanente.
Con las Cortes disueltas, la convalidación de los nuevos decretos corresponderían a este órgano del Congreso. Y no es baladí, ya que la aritmética cambia: este órgano tiene 69 miembros y, según el reparto actual, el primer decreto podría reunir 35 votos favorables frente a 34 contrarios si se mantienen los apoyos de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y PNV. Junts dejaría así de ser decisivo. El segundo, que propone la renovación automática de los alquileres, lo tendría más difícil porque el PNV ya se opuso en la votación del viernes.
