En medio de un tenso clima político nacional, han surgido graves señalamientos en el departamento de Risaralda que apuntan a una presunta estructura de compra de votos a gran escala. Las denuncias, que han comenzado a circular con fuerza en los círculos políticos locales, advierten sobre el manejo de recursos millonarios destinados a alterar la voluntad electoral en la región.
Según los informes que han trascendido, se señala directamente al actual Gobernador, Juan Diego Patiño Ochoa, a quien supuestamente le habrían sido entregados 7.000 millones de pesos en efectivo para estas operaciones. Fuentes locales elevan la cifra total de la supuesta maniobra hasta los 13.000 millones de pesos.
La estrategia, según los denunciantes, consistiría en el pago de hasta 300.000 pesos por cada sufragio, con el objetivo de asegurar una cuota de 1,5 millones de votos. Esta cifra ha encendido las alarmas, pues el volumen de capital necesario sugeriría una operación financiada, presuntamente, por fondos desviados durante la actual administración nacional.
Ante la gravedad de los hechos, sectores de la sociedad civil han solicitado a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría activar los protocolos de vigilancia de manera inmediata. La legitimidad del próximo proceso electoral en el departamento depende, según expertos, de una respuesta contundente y transparente de los entes de control para evitar que dineros ilícitos terminen por secuestrar el mandato popular.
