Las personas con discapacidad intelectual son más susceptibles de ser víctimas de delitos, especialente abuso y maltrato. A esta vulnerabilidad hay que añadir sus dificultades para acceder a la justicia en todo el proceso, tanto a la hora de identificar un delito que se comete contra ellas, como a la hora de denunciar o declarar en un juicio.
Para intentar facilitar el acceso a la justicia de estas personas, en 2010 la Fundación A la par creó la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uadis), un servicio de apoyo en procesos judiciales en casos de violencia, abuso o explotación.
Más de 15 años después, esta iniciativa se ha extendido y ya son cinco entidades en toda España las que tienen servicios como este. Todas ellas decidieron crear hace dos años la Asociación Nacional Uavdis, una entidad estatal que acaba de presentarse en Madrid y que reúne a las cinco unidades especializadas que trabajan en nuestro país en la atención a personas con discapacidad intelectual víctimas de delito.
Integrada por las unidades de la Fundación A la par (Madrid), Atades (Aragón), Asociación Laborvalía (Castilla-La Mancha), Catalònia Fundació Creactiva (Cataluña) e Incluye Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social (Navarra), la nueva asociación nace para reforzar la coordinación entre estos recursos, compartir conocimiento y avanzar hacia una atención especializada y homogénea en todo el territorio.
Atendiendo a su compromiso de prevención y sensibilización, han ayudado a casi 4.000 personas con discapacidad intelectual, formado a otras más de 22.600 en la prevención e identificación de delitos, a cerca de 17.000 profesionales y más de 1.800 familiares.
La presentación oficial ha tenido lugar este miércoles en la Fundación A la par y ha reunido a representantes institucionales, profesionales de las cinco unidades, distintos agentes vinculados a los ámbitos policial, judicial y social y a dos mujeres víctimas de agresiones, que han contado en primera persona la importancia de estas unidades.
Myriam Becerril, presidenta de la Asociación Nacional Uavdis, ha subrayado durante su intervención la importancia de que las personas con discapacidad intelectual accedan a la justicia en igualdad de condiciones y de que sus dificultades de compresión no se conviertan en una barrera más. «Sus testimonios, que muchas veces es lo único que tenemos, debe ser escuchado», asegura, «y es necesario que la justicia sea accesible para que sea verdaderamente justa».
Asimismo, ha destacado la figura del facilitador judicial -la persona que apoya a las víctimas en todo el proceso- y ha exigido que su presencia en los proceso judiciales no dependa solo de las entidades sociales.
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la presentación de la asociación, las personas con discapacidad intelectual son especialmente vulnerables a sufrir diferentes tipos de abuso, pero también a que los delitos que se cometen contra ellas queden impunes si no cuentan con el apoyo del facilitador. Sin esta figura, el 74% de los procedimientos judiciales son archivados, una cifra que se reduce al 19% con la intervención de la Uavdis.
Los datos que se han presentado durante la jornada muestran que los casos en los que interviene un facilitador registran una tasa significativamente menor de sobreseimiento (34,9% con facilitador frente al 72,9% sin facilitador) y una mayor proporción de resoluciones condenatorias (47,2% con facilitador frente al 6,3% sin facilitador).
Todo este trabajo se ha visto reflejado por la firma de convenios con diferentes instituciones públicas y privadas que van desde el Ministerio del Interior e Igualdad al Consejo del poder Judicial, pasando por multitud de organismos de especial relevancia.
Asimismo, durante el acto de presentación de esta asociación, se han dado a conocer experiencias de colaboración y buenas prácticas desarrolladas conjuntamente con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores jurídicos, colegios profesionales, universidades y entidades sociales.
Una figura nacida de las entidades sociales
La Asociación Nacional Uavdis nace tras más de 15 años de experiencia acumulada por las distintas unidades especializadas que trabajan en toda España para apoyar a personas con discapacidad intelectual víctimas de violencia. Su origen se encuentra en Fundación A la par y en su preocupación por la especial vulnerabilidad de estas víctimas ante los delitos, así como en la estrecha colaboración desarrollada con la Guardia Civil, que permitió identificar la necesidad de ofrecer apoyos especializados para garantizar una atención adecuada y un acceso efectivo a la justicia.
Fruto de este trabajo conjunto surgió en 2010 la primera Uavdis en Fundación A la par, un modelo que posteriormente se extenderá a otras comunidades del país en colaboración con entidades como Atades (Aragón), Asociación Laborvalía (Castilla-La Mancha), Catalònia Fundació Creactiva (Cataluña) e Incluye (Navarra).
Según el informe de la Asociación Nacional de Uavdis, entre 2010 y 2025, las unidades han atendido en su conjunto a 3.889 víctimas con discapacidad intelectual y sus familias, así como a 211 investigados y 79 testigos, ofreciendo apoyo psicológico, social y jurídico especializado y facilitando su participación efectiva en procedimientos policiales y judiciales.
Entre las víctimas hay una clara sobrerrepresentación femenina: 2.707 fueron mujeres (69,61%) y 1.182 hombres (30,39%). Por edades, 2.949 eran adultos (75,83%), mientras que se atendió a 471 menores de 13 años y 469 adolescentes de entre 13 y 18 años. En cuanto al tipo de violencia, las agresiones sexuales concentran el 44 % de los casos, seguido de la violencia de género (11%), el maltrato físico (7%), la violencia doméstica, el maltrato psicológico y el abuso económico (6% cada uno), entre otras tipologías.
El informe recuerda, además, a partir de distintos estudios, que hasta el 80% de las personas con discapacidad intelectual han sido o serán víctimas de alguna forma de violencia sexual, maltrato o abuso a lo largo de su vida; y por otro lado, que casi la mitad de las personas con discapacidad intelectual que ingresan en prisión lo hacen sin tener un diagnóstico.
