El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que concreta qué tipo de información se les dará a las mujeres que acudan a abortar. La norma, que se tramitará de forma urgente, diferencia entre la información «obligatoria» (sobre las especificidades de la intervención) y la «voluntaria» (sobre ayudas y otras alternativas). Se adapta así la regulación actual a la reforma de la ley del aborto impulsada en 2023, que eliminó los tres días de reflexión y la obligación de que las solicitantes reciban un sobre cerrado con información sobre las prestaciones del Estado para la maternidad.
El objetivo, según destaca el Ministerio de Igualdad, es asegurar que todas las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo reciban, «con independencia del territorio en el que vivan», una información «veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente» antes de tomar una «decisión libre e informada».
En ese sentido, el texto establece que la información «obligatoria» que se trasladará a todas las mujeres que hayan decidido abortar estará relacionada con la «naturaleza» de dicha intervención, los distintos métodos, sus riesgos y consecuencias, los centros sanitarios públicos y privados acreditados, los trámites que deban hacer o los derechos de las mujeres durante ese proceso asistencial.
También se le informará que existen dos métodos (el quirúrgico y el farmacológico) y que, según un punto del nuevo decreto, no habrá «prioridad alguna entre ellos», a no ser que las circunstancias clínicas así lo requieran. En este contexto, el documento recoge que, en el caso de que la interrupción voluntaria del embarazo se realice después de las 14 semanas de gestación por causas médicas, se incluirá información sobre los distintos procedimientos que existen para que sea la mujer la que escoja la «opción más adecuada» para su caso.
Por otro lado estará la información «voluntaria», que solo se proporcionará si la mujer embarazada lo pide, y que recogerá otras cuestiones como «la anticoncepción y el sexo seguro», asesoramiento «antes y después» del aborto, ayudas públicas a mujeres embarazadas y derechos laborales.
Sin objetores en los comités clínicos
El decreto —que, por el adelanto electoral, deberá ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso— también busca dotar de «seguridad jurídica» al funcionamiento de los comités clínicos que intervienen en el supuesto de causas médicas.
Concretamente, se incorpora el principio de «presencia equilibrada» de mujeres y hombres en su composición, tanto titulares como suplentes, y no podrán formar parte de él quienes estén inscritos en el registro de objetores o quienes lo hayan estado en los últimos tres años.
