La joven admitió ante el juez 46 Penal del Circuito que usó diplomas falsos de la Fundación San José para aspirar a un cargo en el gobierno Petro
Juliana Guerrero admitió este miércoles, frente a un juez de Bogotá, que cometió fraude con los diplomas que presentó para posesionarse como viceministra de Francia Márquez. Lo hizo después de cerrar un acuerdo con la Fiscalía que le cambió el rumbo al proceso: pasó de estar señalada como autora del delito a ser tratada como cómplice, un giro que le permitió negociar una condena de tres años en lugar de arriesgarse a un juicio con una pena mayor.
El nombre de Guerrero empezó a circular hace más de un año, cuando el entonces presidente Gustavo Petro la presentó en un consejo de ministros transmitido por televisión. De ahí en adelante ganó terreno dentro del Ejecutivo hasta quedar en carrera para el viceministerio de Juventud del Ministerio de Igualdad. Ese cargo fue, en últimas, lo que la llevó a los tribunales: para aspirar a él necesitaba credenciales que no tenía.
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Había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar, pero nunca terminó una carrera. Cuando llegó a Bogotá, en vez de completar sus estudios, gestionó de manera irregular dos títulos con la Fundación Universitaria San José: uno de tecnóloga y otro de contadora pública. Según estableció la Fiscalía, no pisó un salón de clase, no presentó un examen ni hizo la prueba del Icfes. Aun así, cargó esos diplomas a su hoja de vida en el Sigep el 3 de septiembre de 2025 y los envió al Ministerio de Igualdad para quedar habilitada al cargo. Ahí arrancó, formalmente, el proceso en su contra, aunque el escándalo solo estalló en público meses después, cuando la Fundación San José anuló las acreditaciones al confirmar que Guerrero jamás había estado matriculada.
La causa avanzó primero ante un juez de control de garantías, instancia en la que Guerrero se declaró inocente. El giro llegó cuando el expediente pasó a un juez de conocimiento: con el preacuerdo ya cerrado con la fiscal Jessica Montealegre, decidió declararse culpable. Montealegre sostuvo que Guerrero sabía que los documentos eran falsos y que, sabiéndolo, los incluyó en su hoja de vida para engañar al funcionario del Ministerio que debía nominarla. La Fiscalía, según explicó, degradó su participación de autora a cómplice para agilizar la justicia, y Guerrero aceptó los cargos ya formulados en la imputación y ratificados en el escrito de acusación.
Con la palabra concedida, Guerrero reconoció haber actualizado su hoja de vida en el Sigep y haber presentado esos documentos al Ministerio de Igualdad para poder aspirar al cargo. Pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella y a los jóvenes que alguna vez la vieron como un referente. Se dirigió también a la Universidad San José: a su fundador, Francisco Pareja; a la vicerrectora académica, Estefany Camacho, y a la rectora, Romelia Ñuste, con quienes dijo no haber tenido contacto directo en la maniobra. Insistió en que no buscaba justificarse ni presentarse como víctima, sino asumir lo que hizo.
Abogados del bufete Álzate Hernández es la férrea defensa de Juliana Guerrero.
El juez del Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá recordó, al sustentar su decisión, que el 3 de septiembre de 2025 Guerrero cargó los dos diplomas al sistema con el propósito de inducir a error a los funcionarios del Ministerio, y que esos documentos tenían apariencia y firma institucional capaces de generar confianza y producir efectos jurídicos. Apuntó que el hecho de que ella buscara justamente ese cargo agravaba la lectura del caso. Con esos elementos dio por superado el estándar probatorio que exige la Sala de Casación Penal y por acreditados los hechos que se le atribuían. Sobre el acuerdo, fue claro en que no tenía margen para tocar el monto de la pena ya pactada, y que aprobarlo evitaba la impunidad sin pasar por alto los derechos de los afectados, que ya habían recibido las disculpas públicas de Guerrero.
La pena quedó en 36 meses de prisión, dos años y medio de inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos. El abogado de la Fundación San José, Juan David Bazanni, avaló la negociación y resaltó que Guerrero se comprometió también a disculparse con otros directivos de la institución que nada tenían que ver con el escándalo. El procurador del caso coincidió con los términos, y el defensor de Guerrero, Felipe Alzate, habló de la utilidad de la justicia premial en procesos con tanta exposición pública como este.
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El de Guerrero no es el único desenlace que ha dejado el escándalo de los títulos de la Fundación San José: hace pocos días, Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, fue condenado también a tres años, por falsedad en documento público, luego de tramitar personalmente los diplomas a favor de ella. Dos preacuerdos, cerrados con semanas de diferencia, que empiezan a poner número y nombre propio a un episodio que dejó mal parados tanto los controles internos de una universidad como los filtros con los que un gobierno escoge a quién pone al frente de un ministerio.
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