El Partido Popular suma a la ofensiva política por la crisis de Ceuta la judicial, al plantear un nuevo conflicto de atribuciones en el pleno del Senado del próximo 8 de septiembre por las ausencias de los ministros del Gobierno en la Cámara Alta para dar explicaciones por la entrada masiva. La propuesta saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los populares en dicha Cámara, por lo que la formación añade una nueva disputa con el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. El PP pidió la comparecencia de los ministros de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa durante el mes de agosto, pero estos decidieron ausentarse justificando que darían las explicaciones en el Congreso de los Diputados. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha definido como una «auténtica vergüenza» la incomparecencia de los tres ministros, que prefirieron «escaparse» para posteriormente dar sus explicaciones en la Cámara «que les conviene, en la fecha que les conviene y en las condiciones que les convienen».
Con el mismo argumento, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que también han llevado el asunto al Tribunal Supremo para aclarar «si los ministros se pueden negar a comparecer en la Cámara territorial y no informar de lo ocurrido en Ceuta». Los populares confían en que el recurso ya presentado en el alto tribunal prospere por «desobediencia». Pero ahora suman un capítulo más a la presión legal apelando al artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, así como el artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que establece expresamente que los integrantes del Ejecutivo están obligados a comparecer.
«No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria«, insiste la portavoz popular en el Senado. El Gobierno avisó de que los ministros citados de forma extraordinaria en el Senado durante agosto —Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles— no acudirían alegando que ya irían al Congreso unas semanas después para explicar el papel de sus departamentos en Ceuta. Pero el PP cree que la comparecencia en una de las Cámaras no excluye de asistir a rendir cuentas a la otra. Por ello, Alicia García advierte de que «las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles».
Con este nuevo conflicto de atribuciones, el PP suma ya más de un centenar de denuncias ante el Constitucional contra el Gobierno o contra el Congreso. Algunos bajo el argumento de que la Mesa del Congreso o el Ejecutivo bloquean, mutilan o vetan leyes e iniciativas aprobadas en la Cámara Alta; otros por los constantes desplantes que denuncian los de Feijóo hacia el Senado. Sin embargo, ninguno de ellos han sido resueltos. El último conflicto institucional se produjo por el veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas aprobadas en la Cámara Alta a la ley contra la multirreincidencia. Estos retoques que querían introducir los populares en la normativa, recibieron el apoyo también de Junts y Vox, pero el Gobierno los vetó en la Mesa del Congreso alegando motivos presupuestarios y evitando así su debate en el Pleno.
El Pleno de este miércoles en el Senado también reprobará a cinco ministros «por la pésima respuesta del Gobierno frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España» provocados por el asalto masivo a la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio. En concreto, reprobará a los tres ministros ausentes y a Ana Redondo y Mónica García. Los populares alegan «negligencia» en el cumplimiento de su deber de «prevenir y evitar que el asalto llegara a producirse», «pasividad» para implementar medidas eficaces y «falta de explicaciones veraces» acerca de las causas y los responsables de la entrada masiva.
