Tras años de violencia y derrames de crudo en su territorio la petrolera que atraviesa la selva con sus tubos responderá por los daños y el Fondo Noruego lo respaldó
Durante décadas el pueblo Awá ha peleado por la defensa de su territorio en Nariño y parte del Putumayo. Había sido una guerra con eco solo en la propia selva, pero el año pasado ha logrado dos importantes victorias en escenarios nacional e internacional. La Corte Constitucional avaló los derechos por la defensa de su territorio de la explotación invasiva y transporte de petróleo.
El efecto trascendió barreras nacionales. El Fondo Noruego castigó a Ecopetrol. La empresa que a través de su filial Cenit cruza con grandes tubos su territorio y que por cuenta de ataques guerrilleros han padecido derrames con grandes daños sobre su tierra. Retiró a Ecopetrol de su fondo.
El inició de la pelea, resistencia silenciosa y documentación
Desde 2018, los líderes indígenas, acompañados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organizaron una estrategia legal contra Ecopetrol y varias entidades del Estado que incluía a los ministerios de Ambiente, Defensa e Interior, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y al propio Ejército Nacional. El objetivo de los indígenas era claro: que se reconociera la responsabilidad de estas entidades por los daños ocasionados durante años en su territorio ancestral, causados desde que a Ecopetrol se le dio por atravesar el Oleoducto Trasandino en su territorio.
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Durante décadas, el pueblo Awá había resistido en silencio y en condiciones de aislamiento. Cansados de que la selva, con sus ríos y sus árboles y sus animales fueran envenenados cada vez más, decidieron levantar la mano para documentar, ordenar y llevar su historia ante los jueces. No se trataba solo de denunciar derrames de petróleo, sino de demostrar cómo esos hechos, sumados a la violencia armada de la que son vecinos, estaban poniendo en riesgo su existencia como pueblo.
#ACTUALIDAD Ecopetrol emitió un comunicado en relación a la decisión del Fondo Soberano Noruego de vender sus acciones de la petrolera por afectaciones a las comunidades indígenas U’wa y Awá a causa de derrames de petróleo.Según la empresa, se han desarrollado acciones… pic.twitter.com/gX7zhTaKpI— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 4, 2026
En el suroccidente del país, en zonas de Nariño y Putumayo, los ataques al oleoducto eran rutinarios. Grupos armados ilegales rompían la infraestructura para extraer crudo, o como parte de sus acciones de guerra contra el Estado. Al mismo tiempo, ingresaban a los territorios indígenas para imponer normas, presionar el cultivo de coca y consolidar así el control territorial. En medio de esa dinámica, las comunidades quedaron expuestas a tanto a la violencia directa como al daño ambiental, hechos que han obligado a muchos indígenas a abandonar sus territorios.
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Los registros acumulados durante años muestran la dimensión del problema. Desde 2014 se han documentado cientos de derrames de crudo en la región. Muchos de ellos fueron consecuencia de atentados o de la instalación de válvulas ilegales sobre el oleoducto. Cada derrame deja una huella irreparable: ríos contaminados, quebradas inutilizadas, peces muertos, suelos degradados. Para una comunidad cuya vida depende del agua, la pesca, la caza y la agricultura, el impacto fue inmediato y definitivo.
Narrativa jurídica
La respuesta de los Awá no se limitó a resistir dentro del territorio. También construyeron una narrativa jurídica que conectó esos hechos con la vulneración de derechos fundamentales. Argumentaron que la contaminación no ha sido un efecto aislado, sino parte de un patrón sostenido al que el estado no prestó atención, con consecuencias de afectación a su salud, a su alimentación, al acceso al agua y, sobre todo, a su permanencia en el territorio.
El argumento de los indígenas fue reconocido por la Corte Constitucional que, a finales de 2025, emitió sentencia. La Corte concluyó lo que los abogados sustentaron con documentos, fotos, videos y la voz de los indígenas. El fallo concluyó que existía una afectación sistemática sobre el pueblo Awá derivada del funcionamiento del Oleoducto Trasandino y de los múltiples derrames ocurridos en su territorio.
La Corte también advirtió que esa situación no solo tenía consecuencias ambientales, sino que ponía en riesgo su supervivencia física y cultural. El fallo ordenó medidas concretas: garantizar el acceso al agua potable, avanzar en la restauración de ecosistemas afectados y adoptar planes de salud adecuados para las comunidades.
📢Nos solidarizamos con @UNIPAcomunica tras un nuevo hecho de violencia que atenta contra la comunidad, el tejido social y el territorio del pueblo Awá en el suroccidente de #Colombia. https://t.co/q8VlXEMjW1— Fondo Noruego en español (@FondoNoruego_es) August 1, 2024
El proceso no terminó ahí. En paralelo, el caso llegó a instancias internacionales y fue observado fuera del país. Uno de los efectos más visibles se produjo en Noruega. El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de ese país decidió vender la participación que tenía en Ecopetrol, una operación valorada en varios millones de dólares. La decisión del fondo se basó en evaluaciones sobre el comportamiento de la empresa frente a los impactos ambientales y sociales en territorios indígenas.
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Para el Fondo Noruego, la petrolera no había adoptado medidas suficientes para prevenir, mitigar y reparar los daños asociados al transporte de petróleo. La salida del inversionista fue interpretada como una señal de presión internacional y como un respaldo a las denuncias de las comunidades Awá.
Cambio en las costumbres ancestrales
Mientras tanto, en el territorio, las transformaciones continuaban. Las comunidades, tradicionalmente dedicadas a la pesca, la caza y el cultivo de productos básicos, tuvieron que modificar sus prácticas. La contaminación de las fuentes hídricas redujo la disponibilidad de alimentos y obligó a replantear formas de subsistencia que habían permanecido estables durante generaciones.
Estas dos victorias del pueblo Awá se unen a otras más. En 2011 lograron frenar la construcción de pozos de extracción en áreas cercanas a sus territorios. Más adelante, consiguió que las altas cortes reconocieran sus derechos y ordenaran medidas de protección. La Sentencia T-390 de 2025 consolidó ese camino, un fallo que muestra que las instituciones empezaron a responder a un llamado que durante años fue ignorado. También es el resultado de una estrategia sostenida por las comunidades, que combinaron resistencia territorial con acciones legales.
Las victorias de los Awá ahora con perdón presidencial, que los muestra un poco más, marcan un precedente. El reconocimiento de sus derechos por parte de las altas cortes, la presión internacional sobre las empresas y la capacidad de organización de las comunidades han cambiado el escenario. La defensa del territorio Awá ya no ocurre únicamente en la selva, sino también en los tribunales, una combinación de luchas que ha permitido que la voz de los indígenas tenga un alcance que antes no tenía.
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