Marine Le Pen lanza este domingo su campaña para las presidenciales de 2027. Condenada a la inhabilitación política y, de momento, fuera de la carrera electoral por decisión judicial, la líder de la derecha nacionalista recupera la máscara de diablo para defenderse de “los jueces rojos”.
El mitin que Agrupación Nacional (RN) celebra el mismo día en París es una prueba de riesgo para Le Pen. Decidida en caliente, tras conocer que el tribunal correccional le prohibe ser elegida duarante los próximos cinco años —con aplicación inmediata—, la convocatoria obliga a sus dirigentes a mantener una línea crítica hacia una parte de la judicatura, pero con el temple necesario para no caer en una “trumpización” de la que todos sus enemigos ya la acusan.
La deflagración judicial del lunes pasado causó tal impacto, por inesperada, en los dirigentes de RN que, sin apenas un segundo de reflexión, convocaron “movilizaciones “pacíficas contra la opresión” en todo el país y, en especial, en la capital. No se trata de una manifestación, sino de una concentración abierta al público en la Plaza Vauban, junto al Trocadero. El problema es que solo 24 horas más tarde de conocerse el veredicto, el Tribunal de apelaciones se abrió a considerar un recurso que podría acelerar todos los plazos y permitir a Le Pen presentarse como candidata a la Presidencia en dos años.
¿A quién va a dirigir sus invectivas hoy Marine Le Pen? ¿A la institución judicial ¿A la jueza que la condena? Marine Le Pen se ve obligada a rebajar el tono de sus primeras reacciones y las del presidente del partido y delfín oficial, Jordan Bardella. “Tiranía de los jueces rojos”; “decisión política para impedir mi candidatura”; “violación del estado de derecho”…Los intervinientes en el mitin de hoy no podrán repetir sus diatribas de hace apenas cuatro días, sabiendo que el proceso judicial no está definitivamente cerrado.
Tampoco pueden desmentirse y, sin abarcar a toda la institución judicial, centrar sus reproches en una parte de esta. En cualquier caso, en Francia, las críticas a las decisiones judiciales forman parte de la libertad de expresión a la que los ciudadanos tienen derecho siempre que se hagan con argumentos y sin descalificaciones. Así, varios expertos juristas han cuestionado la sentencia de la juez Bénédicte Le Perthuis, que cimentó su decisión introduciendo argumentos discutibles, según ellos, en lo que se refiere —únicamente— a la inhabilitación política de cinco años de ejecución inmediata.
La reincidencia es uno de ellos, cuando esa posibilidad es incierta, pues Marine Le Pen ya no es eurodiputada y el período por la que se le ha acusado de desvío de fondos del Parlamento Europeo terminó en 2016. “La reincidencia, en sentido estricto, parece poco probable; Marine Le Pen no va a desviar de nuevo fondos del Parlamento Europeo, donde ya no es diputada desde 2017. Podría interpretarse como que la infracción se puede repetir en otro puesto”, analiza el profesor de Derecho Penal de la universidad Grenoble-Alpes Cédric Rybeyre, según declaraciones recogidas en el semanario “Marianne”.
La magistrada reprocha la línea de defensa lepenista, que negaba todos los cargos y atribuía su conducta a una diferencia en la interpretación de la labor de los asistentes parlamentarios. Los expertos subrayan que todo acusado tiene derecho a defenderse como le parezca y, además, disfruta la posibilidad de no autoinculparse.
Pero lo que más polémica ha causado del informe final de la jueza es cuando justifica su sentencia arguyendo evitar “el trastorno irreparable del orden público democrático” que supondría el hecho de que una candidata a la elección presidencial “fuera elegida tras haber sido condenada a la inelegibilidad en primera instancia”. Para muchos especialistas, es una prueba clara de que la jueza buscaba frenar la carrera electoral a Marine Le Pen, sobre todo después que, tres días antes, el Consejo Constitucional había aconsejado a los jueces abstenerse de aplicar la ejecución inmediata a una pena de inelegibilidad.
“Una decisión criticable y desestabilizadora para el país”
Para Jean-Éric Schoettel, exsecretario general del Consejo Constitucional, “privar a 11 millones de franceses de su candidato natural a los principales comicios del país es ignorar su libertad de elección: la decisión de los jueces es criticable en derecho y desestabilizadora por sus efectos deletéreos sobre el clima político del país”.
Perre Vermeren, reputado historiador, es más duro: “Las élites están tranquilas por esta condena, porque consideran que la única cosa que cuenta es la caza a los populistas. Pero para los millones de personas de clases populares que no siguen los asuntos judiciales y no son expertos en derecho europeo o financiero, la decisión del tribunal es un abuso que comparan con la eliminación del jefe de la oposición en Turquía, el Magreb o en Rumanía”.
Algunos de los consejeros de Le Pen habrían insinuado, incluso, la posibilidad de desconvocar el mitin para tranquilizar los ánimos y mantener lo que aquí se llama la “estrategia de la corbata”, es decir, la continuación de la política de “desdemonización” que ha llevado al partido a una legitimación y normalización pública, tras liberarse del tufo ultra y “antisistema” con el que Jean-Marie Le Pen tiñó al antiguo “Frente Nacional”.
Otro peligro que sobrevuela la convocatoria lepenista es la posibilidad de actos callejeros violentos provocados por los autodenominados “antifa” que, comportándose como lo que son, genuinos fascistas, ya han llamado a montar el espectáculo para perturbar la reunión de RN y así poder contribuir a desprestigiar una manifestación pacífica.
La izquierda pierde a su mejor rival, se acabó el “no pasarán”
A los ultraizquierdistas se ha unido la extrema izquierda institucional. “La Francia Insumisa” de Jean-Luc Melenchón, los ecologistas y toda una serie de asociaciones radicales van a manifestarse, también en París, al otro lado del Sena, en la Plaza de la República, dos horas antes que sus enemigos políticos. La inculpación de Marine Le Pen y su reacción renueva los ánimos de las izquierdas, decepcionadas con el giro de respetabilidad que RN ha dado en los últimos años y que le ha convertido en el principal partido de la Asamblea Nacional.
Melenchón, también investigado por un delito similar desde 2018, pero con unos jueces menos apresurados en solucionar el caso, reaccionó en un primer momento manifestando que todo acusado tiene derecho a un recurso de apelación. Horas más tarde, ya había engrasado su discurso y denunciaba las aspiraciones “sediciosas” de RN, recordando los disturbios del 6 de febrero en 1934 que se saldaron con 18 muertos tras la represión policial contra las llamadas “Ligas nacionalistas”.
Para Malenchón y toda la izquierda, Le Pen es el rival ideal. No les interesa su descalificación. Su principal motor es el “no pasarán; “salvar a Francia del fascismo”. Si Le Pen no concurre a las urnas, se quedan sin enemigo de “extrema derecha” a quien aplicar el “dique sanitario”. Un bloque centrista aliado con la derecha tradicional es mucho más peligroso para ellos, como se ha demostrado en las dos últimas convocatorias presidenciales. Ni al favorito de la derecha, Edouard Philippe, ni al aspirante de centro, Gabriel Attal, les pueden llamar fascistas, pues ambos apoyaron a los candidatos de la izquierdas frente a los lepenistas, en la segunda vuelta de las legislativas de 2024.
La derecha “moderada” pelea por una parte del electorado marinista, por eso, estos días se pone del lado de la víctima judicial y enemiga principal. Está obligada a “faire de la comédie”para no espantar a los votantes de la derecha (más) dura con los que sueñan. El responsable de Interior y también aspirante en 2027, Bruno Retailleau (“Los Republicanos”), consideró el viernes que una parte del poder judicial está politizado y es parcial, contra lo que exigen sus propias normas.
“Esto sólo pasa en Francia”
El jefe de gobierno, el centrista François Bayrou, ha sido atacado esta semana por la izquierda por haberse mostrado “turbado” por la decisión judicial que noquea a Le Pen. Incluso llegó a manifestar que “esto solo pasa en Francia”. Bayrou, empeñado en mantenerse como “premier”, sabe que la guillotina de la moción de censura puede ser activada por RN. Además, absuelto del mismo delito que Marine Le Pen, pero con matices, pesa sobre él un recurso de apelación de la fiscalía.
Emmanuel Macron, que no podrá renovar su mandato en 2027, ha encontrado tiempo esta semana en su agitada agenda internacional para afirmar que “la Justicia es independiente y debe ser respetada; que los jueces deben ser protegidos (150 están bajo amenaza, la última la que condena a Le Pen), y que “todos los justiciables deben tener derecho a presentar recurso”. ¿También Marine Le Pen?
La coincidencia temporal en las decisiones judiciales del “caso Alves” y la condena a la inelegibilidad de Marine Le Pen ha provocado entre los simpatizantes españoles de la dirigente francesa un cierto embarazo. Apoyar las críticas de la líder de Agrupación Nacional a los jueces sería adoptar la misma actitud del sanchismo a la puesta en libertad del futbolista absuelto de la acusación de violación.
Por eso, los mismos, aun coincidiendo con las ideas de la jefa de la derecha nacionalista francesa, se veían obligados a equiparar la actitud de Marine Le Pen con la de la vicepresidenta, María Jesús Montero, además de todas las voces del gobierno español y su coro mediático.
Pero es una verdad de Perogrullo que ni el juicio en Francia tiene nada que ver con el contenido del celebrado en España, ni los protagonistas son acusados de delitos similares, ni las escuelas de la magistratura de los dos países comparten programa, ni la composición ideológica y sociológica de los magistrados a los dos lados de los Pirineos es comparable.
“Sed parciales”: jueces contra el capitalismo, las prisiones y las fronteras
No existe en España un sindicato de jueces declarado marxista y que se pronuncia sobre cuestiones políticas. En Francia, el Sindicato de la Magistratura” (SM), que representa un tercio de los togados, hace llamamientos a “cerrar el paso al poder a la extrema derecha”. Nacido en 1968, el SM nació con la pretensión de luchar contra la “justicia burguesa”. A partir de 1981, con la llegada al poder del socialista François Mitterrand fueron ocupando puestos dentro de la judicatura. Ya entonces les llamaban “los pequeños jueces rojos”.
El SM considera que la misión del juez es política; que la Justicia es un instrumento de poder que debe ser utilizado para transformar la sociedad. Uno de los miembros históricos de este sindicato, abiertamente de extrema izquierda, fue Oswald Baudot, que en 1974 alentaba a los jóvenes estudiantes de la Escuela de la Magistratura a “ser parciales”, a “pronunciar pocas penas de prisión”. “Tengan un a priori favorable a la mujer contra el marido” – les enseñaba – “a favor del hijo contra el padre; del deudor contra el acreedor; del obrero contra el empresario; del ladrón contra la policía…”
Antiguo juez de instrucción y hoy abogado, Hervé Lehman, publicó hace tres años el libro “Sed parciales. Itinerario de la izquierda judicial”, donde afirmaba que los jueces pertenecientes al Sindicato de la Magistratura tienen como objetivo una sociedad sin capitalismo, sin prisiones y sin fronteras. “Son sinceros”, decía Lehman a “Le Figaro” en 2022, “piensan estar en el campo del bien y utilizan la Justicia para conseguir sus objetivos. Para ellos la Justicia es Justicia social”.
Complacientes con todos los militantes de grupos terroristas que encontraron refugio en la Francia de Mitterrand, como “Las Brigadas Rojas” italianas, o la alemana “Fracción del Ejército Rojo”,” los jueces rojos” fueron conocidos por el gran público cuando un periodista de la televisión filmó con su móvil la sede del sindicato, en cuya sala principal habían confeccionado “el muro de los gilipollas”. De ese honor disfrutaban políticos de derechas, abogados y jueces “burgueses”, periodistas, y dos padres de jóvenes asesinadas y violadas por reincidentes. Los méritos de esas dos personas eran haber mostrado su indignación por una justicia laxa a la que culpaban de la muerte de sus hijas.
Dos de cada tres franceses desconfían de la Justicia. Considera a los jueces muy politizados y muy laxistas. Sus propios dirigentes han advertido también en el reciente pasado sobre su poder. El socialista Mitterrand advertía: “Desconfiad de los jueces; mataron a la Monarquía y matarán a la República”. El general, Charles de Gaulle, lo decía enojado en un arranque por el que hoy sería tachado de populista: “El Tribunal Supremo es el pueblo”.
