Aunque podría tratarse de una paradoja, en su caso se trata de una ventaja: el brigadier general de la policía William Castaño Ramos, el hombre que liderará la fumigación aérea de cultivos de coca, suspendida hace quince años, es un experto ambientalista.
Desde la Dirección de Antinarcóticos de su institución, Castaño, ibaguereño de 49 años, cuenta con el respaldo de destacamentos que están preparados para liderar una de las tareas más sensibles de la administración De La Espriella: ejecutar una fase de la ofensiva antidrogas que incluirá el uso experimental y controlado del herbicida glufosinato de amonio, sustituto del glifosato.
De acuerdo con su folio de vida, Castaño es sólido académicamente y fuerte en el campo de las operaciones. Es administrador policial y administrador de empresas, especialista en Control Interno, Gestión Ambiental, Derechos Humanos y DIH, y magíster en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones.
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Antes de llegar a la Dirección de Antinarcóticos -cargo en el que fue confirmado por el gobierno- comandó la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, donde tuvo a cargo la estrategia contra la explotación ilícita de yacimientos y la protección del sistema ecoambiental.
Sus resultados le valieron una promoción al cargo de director Carabineros y Protección Ambiental, desde donde impulsó tareas para la recuperación afectada por la deforestación producida especialmente por cultivos ilícitos. Ese perfil ambiental es el que hoy el Gobierno usa para defender la transición del glifosato al glufosinato.
Al llegar a Antinarcóticos lanzó la estrategia Esmeralda Plus. En el balance del primer trimestre de 2026, presentado por él mismo, la dirección reportó 124 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas, 99 toneladas de marihuana, más de 450 mil galones de insumos líquidos y 396 mil kilos de sólidos, 981 infraestructuras ilegales destruidas, 2.035 hectáreas erradicadas manualmente y 17.266 capturas por tráfico, de las cuales 40 con fines de extradición. También fueron decomisadas varias dosis de fentanilo.
Dos operaciones resumen su estilo de cooperación internacional. La Operación Renacer, en Medellín y Guatemala, permitió la captura de cuatro objetivos de alto valor pedidos en extradición por cortes de Estados Unidos por tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina.
Los alijos de la droga estupefaciente contaminaban contenedores de carga de exportación en Urabá, Cartagena y Barranquilla y tenían vínculos con el Clan del Golfo en el Bajo Cauca.
Su récord operacional incluye también una misión transnacional que sirvió para la aprehensión de 28 toneladas de cocaína, 3 de marihuana y 1.8 millones de mililitros de ketamina, ejecutada simultáneamente en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, con el apoyo de las agencias la DEA, HSI, SEACOP y la Policía de España. Hubo 38 capturas.
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En septiembre de 2026 comandó la destrucción de una pista clandestina en Buenaventura usada por disidencias de alias Mordisco, con tres helicópteros Black Hawk, apoyo de la Fuerza Aérea y comandos Jungla, y la incautación de 859 kilos en La Tola, Nariño, con la Armada.
El estado de alistamiento Su equipo está listo desde el mismo 28 de agosto, día en que fue derogada la Resolución que frenaba el uso del glifosato y el presidente de la Espriella anunció que, por intermedio del Consejo Nacional de Estupefacientes, aplicaría un plan piloto que se ajustara a los lineamientos señalados por la Corte Constitucional.
En la sentencia T-236 de 2017, en tiempos del uso del glifosato, la Corte ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las aspersiones hasta preparar una evaluación de riesgo para la salud y el ambiente, con evidencia científica independiente, no solo del Gobierno.
La segunda condición impuesta por el alto tribunal era el impulso de un proceso participativo y previo con la ciudadanía, comunidades campesinas y órganos de control, dejando de lado las “socializaciones” posteriores.
La orden era también perentoria respecto a la formulación de un Plan de Manejo Ambiental específico. Sometido a la aprobación de la ANLA. En su diseño debía prevalecer el principio de la precaución que señala que, si hay dudas científicas sobre daños, no se debe fumigar. A ello se sumaban las alertas tempranas que podían emitir el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Procuraduría.
Durante su gobierno Iván Duque le pidió a la Corte modular la sentencia, es decir, fijarle unas excepciones racionales teniendo en cuenta razones de seguridad nacional. La Corte respondió negativamente y aclaró que modular no significa omitir requisitos.
La sentencia más reciente es la T-413 de 2021. En esa providencia es la que se apoya la nueva Resolución por De la Espriella en agosto para actualizar las reglas que deben cumplirse estrictamente cuando vuelvan las aspersiones. Entre ellas se incluye un Plan de Manejo Ambiental expedido por la ANLA, consultas previas con pueblos indígenas y afro en todos los núcleos de operación, bajo Convenio 169 de la OIT.
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Tampoco puede haber fumigaciones en Parques Nacionales, páramos, humedales Ramsar, centros poblados, escuelas, centros de salud y nacimientos de agua. Los monitoreos en salud y los seguimientos epidemiológicos por parte del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud son imprescindibles.
La Resolución 6 de 2026 deroga la prohibición que estaba vigente desde de 2015 en el sentido de que en las operaciones no podrían ser utilizadas aeronaves tripuladas.
El equipo al mando de general Castaño ya tiene listas dos aeronaves del tipo AT-802, con límite de operación sobre 1.000 hectáreas. La ubicación exacta de los objetivos hace parte de la reserva, pero por ahora ha trascendido que las primeras operaciones serían ejecutadas en el departamento del Putumayo.
La iniciación sigue en manos de la justicia. Recientemente el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís suspendió provisionalmente el proyecto piloto, al acoger una tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios que pidió protección para los derechos a la salud y al ambiente sano.
El Gobierno apelará el fallo y adicionalmente ya demandó ante el Consejo de Estado la nulidad del decreto mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro permitió a los jueces de menor rango conocer de acciones de tutela. Si la justicia levanta la medida y la ANLA otorga la licencia ambiental, Antinarcóticos será el ejecutor operativo en tierra y aire.
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