Sumar va a impulsar una iniciativa para regular las actividades de los expresidentes del Gobierno de manera que se prohíba que puedan utilizar la oficina a la que tienen derecho por haber ocupado ese cargo, y que está sufragada con fondos públicos, para realizar actividades «lucrativas» privadas.
Así lo ha avanzado en declaraciones en el Congreso el portavoz adjunto de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que están prorrogados desde entonces, mantuvieron congelada en 298.320 euros la partida destinada a los cuatro expresidentes del Gobierno (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy). Esa cantidad se divide entre los cuatro, de manera que a cada uno cuenta con 74.580 euros anuales para los gastos de sus respectivas oficinas de expresidentes.
En opinión de Enrique Santiago, el auto del juez José Luis Calama «no concreta» las imputaciones sobre blanqueo de capitales y apropiaciones indebidas, pero «es muy grave» que alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno «utilice recursos del Estado para cualquier tipo de actividad lucrativa».
«Eso debería estar perfectamente diferenciado y, desde nuestro punto de vista, debería estar prohibido: o se utiliza la oficina de expresidente se hacen actividades privadas, lo que no se puede es mezclar y, sobre todo, no se puede utilizar recursos de la oficina para realizar actividades privadas», ha resumido, incidiendo en la necesidad de delimitar muy bien «qué actividades son públicas y cuales son privadas».
Prohibir que «puedan vender su agenda de teléfonos»
Santiago también ha pedido que se reactive la tramitación de la regulación de las actividades de los grupos de interés que el Gobierno envió al Congreso en el marco del paquete de medidas anticorrupción que anunció a raíz del ingreso en prisión hace casi un año de exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los grupos tienen registradas sus enmiendas a esa ley pero aún no se ha convocado la ponencia para empezar a discutirlas.
También se ha referido a la conveniencia de regular las actividades de los expresidentes el diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez, que es partidario de prohibir que «puedan vender su agenda de teléfonos».
Además, ha pedido reflexionar sobre el hecho de que sea legal que los expresidentes «puedan cobrar por dar charlas o por asesorar a empresas que luego pueden beneficiarse de las políticas públicas del Gobierno».
