Este 27 de mayo se cumplió un año desde que el Gobierno aprobara el Real Decreto 402/2025, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.
Ajustándose a los criterios establecidos en la normativa, sindicatos y patronales del transporte de mercancías y de viajeros por carretera presentaron sus peticiones para que tanto los chóferes de autobús como los de camión de más de 60 años puedan dejar de trabajar definitivamente.
Según ha explicado en el Congreso la ministra Elma Saiz, «el pasado 9 de febrero se admitieron a trámite dos de las solicitudes» y están siendo las primeras en ser evaluadas en un «procedimiento reglado, objetivo y transparente que tiene por objeto ver si concurren las condiciones para aplicar los coeficientes reductores».
¿Qué teme que ocurra la diputada de ERC Inés Granollers?
La diputada Inés Granollers ha denunciado lo que considera un «bloqueo intencionado» de la jubilación anticipada para el sector del transporte. Su principal temor es que la falta de resolución por parte del Ministerio desemboque en una desestimación de los expedientes por silencio administrativo.
Granollers ha recriminado a la ministra que el plazo legal de seis meses para responder a las solicitudes ya ha expirado, lo que genera una profunda incertidumbre entre los profesionales.
Según la portavoz de ERC, el sector ya no se conforma con «buenas palabras», sino que exige garantías reales de que no se verán atrapados de nuevo en la burocracia tras haber acreditado la penosidad y peligrosidad de su oficio.
La respuesta de la ministra de Seguridad Social
Elma Saiz ha comenzado su intervención admitiendo el «desgaste físico y mental» que sufren los conductores tras décadas al volante y ha señalado factores como el estrés y los turnos prolongados. Para disipar los temores, ha confirmado de forma expresa que el proceso previo al Real Decreto sigue adelante y no se desestimará por silencio administrativo.
Sin embargo, la ministra ha señalado que los distintos organismos responsables están todavía evaluando o por valorar las propuestas del sector del transporte para «ver si concurren las condiciones para aplicar los coeficientes reductores».
Actualmente, se están elaborando informes técnicos sobre la incidencia y duración de la incapacidad, los cuales deberán ser remitidos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo para su validación. Una vez concluidos estos trámites, la comisión de evaluación se pronunciará y se abrirá un trámite de audiencia para que los interesados presenten alegaciones antes de la resolución final del Real Decreto.
La huelga convocada por UGT por los expedientes reguladores
Por el momento, el sindicato ha planteado una huelga nacional sectorial e indefinida a partir del lunes 8 de junio de 2026 debido a lo que calificaron de «bloqueo inaceptable» por parte del Gobierno al incumplir los plazos legales de seis meses establecidos para tramitar los expedientes de la jubilación anticipada.
