El juicio por el origen de la fortuna oculta de los Pujol en Andorra llega este lunes a juicio con la decisión de la Audiencia Nacional de seguir adelante con el proceso judicial para el expresident de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, a pesar de que los forenses concluyeran que no está en condiciones de ser juzgado por su «deterioro cognitivo». El tribunal ha convocado a primera hora a Pujol, que presidió la Generalitat ininterrumpidamente entre 1980 y 2003, para examinarlo personalmente, aunque por videoconferencia, y ha decidido no archivar finalmente la causa por demencia sobrevenida, como solicitaba su defensa a partir de los informes de los forenses que habían sido encargados por el propio tribunal.
De acuerdo con el guion inicial, las cuestiones previas se alargarán durante dos días, a lo que seguirán las primeras declaraciones de testigos: entre el martes y el jueves está previsto que declaren 11 personas, entre ellos una hija de Jordi Pujol Ferrusola y Joan Anton Sánchez Carreté, quien fuera asesor fiscal de la familia. Hasta el próximo mes de mayo, el juicio se prolongará durante 41 sesiones por las que desfilarán 254 testigos. Los acusados no declararán hasta la fase final del proceso, probablemente el próximo mes de abril.
La Fiscalía pide para los Pujol penas que oscilan entre los ocho y los 29 años de cárcel -nueve para el expresident-, a los que acusa, según los casos, de delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración en la ejecución. Para la acusación pública, los Pujol conformaron una asociación ilícita, con el expresident y su esposa en la cúspide, para repartirse con empresarios afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) los beneficios obtenidos en las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones controladas por CDC.
