El presidente prometió acabar los privilegios en las cárceles. El hermano de Álvaro Uribe sigue en un batallón; otros tres condenados, en sitios especiales
Desde que se posesionó, el 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ha repetido que en su gobierno se acabaron las cárceles con privilegios. Su política es que ningún condenado reciba trato especial por su cargo, su apellido o sus contactos, y que nadie cumpla la pena en una guarnición militar o en una estación de Policía solo por ser quien es. El 13 de septiembre lo reiteró en una alocución presidencial en la que ordenó revisar, caso por caso, la situación de los condenados recluidos en esos lugares.
Los traslados llegaron rápido. El día de la posesión, el Inpec movió a 117 internos de alto perfil, entre ellos Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, que cumple una condena de 63 meses por los destrozos a una estación de TransMilenio. Salió de la Escuela de Carabineros, en Bogotá, y fue llevada al pabellón de mujeres de la cárcel Picaleña, en Ibagué. Semanas después apareció esposada de manos y pies en otro desplazamiento, esta vez a una audiencia en esa ciudad. El excongresista Wadith Manzur, que compartía instalación con ella, pasó a La Picota el 15 de septiembre, en un movimiento que también incluyó a Andrés Calle, expresidente de la Cámara y relacionado con el expediente de la UNGRD.
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El 6 de octubre le tocó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, el exdirector y el exsubdirector de la UNGRD que han reconocido su papel en el desfalco y colaboran con la justicia. López estaba en el Cantón Caldas y Pinilla en la Escuela de Artillería. Fueron llevados a La Picota por el grupo especial del Inpec, el Grope, y el presidente publicó el video del operativo. Dijo que él había dado la orden, aunque la resolución formal la firmó el Inpec. La defensa de Pinilla pidió dejarla sin efecto. Una semana antes, el 30 de septiembre, De la Espriella había ordenado enviar a Cómbita a Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar que es testigo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.
Los presos que siguen con celdas privilegiadas
Hay condenados que siguen donde estaban. El caso más visible es el de Santiago Uribe Vélez, ganadero y hermano menor de Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y aliado político del presidente. Fue absuelto en primera instancia, pero el 25 de noviembre de 2025 el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó a 28 años y tres meses por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por su papel en Los 12 Apóstoles, el grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia en los años noventa. En el homicidio de Camilo Barrientos se le consideró coautor. La Corte Suprema confirmó la condena a comienzos de junio de 2026 y negó después una tutela, de modo que el proceso está cerrado.
La unidad militar de Caballería en Rionegro fue el lugar indicado al que fue trasladado el ganadero por petición del expresidente Uribe
Santiago Uribe se entregó el 9 de junio y estuvo primero en una estación de Policía. Su defensa pidió que cumpliera la pena en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, y el 10 de julio Álvaro Uribe agradeció públicamente al gobierno de Gustavo Petro por haber autorizado el traslado. La decisión es anterior a De la Espriella, pero el condenado sigue en ese batallón, a pocos kilómetros de su familia. A pesar de la revisión anunciada el 13 de septiembre, su traslado está quieto.
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco y heredero político del clan que ha mandado en el Cesar por décadas, también está en esa lista de los presos que siguen con privilegios. Fue representante a la Cámara entre 2002 y 2006 por el Partido Liberal y gobernador del Cesar en dos periodos, con La U y con una coalición de Cambio Radical, Liberal y La U. En 2024, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó a más de 21 años por contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado, por un sobrecosto de 3.000 millones de pesos en el programa de alimentación escolar en 2015. Su defensa pidió mantener la detención domiciliaria mientras se resolvía la apelación. Está recluido en el Batallón La Popa, en Valledupar, aunque no hay confirmación de la fecha del traslado ni de su estado actual, y no se encontró el fallo de segunda instancia.
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de la cacica Cielo Gnecco está recluido en el Batallón La Popa, en Valledupar.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII en la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, cumple 35 años por desaparición forzada. El Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó en 2011, el Tribunal Superior lo confirmó en 2014 y la Corte Suprema en 2019. La JEP lo excluyó en 2023 por incumplir sus obligaciones con la verdad, y la Corte Suprema inadmitió la revisión. En julio de 2025, el Inpec autorizó que purgara la pena en un apartamento dentro de un complejo militar de Bogotá, en un pabellón adaptado para él y custodiado por militares, muchos de ellos antiguos subalternos suyos. La decisión recibió críticas por considerarse un trato privilegiado. No hay reportes de que el gobierno actual haya revisado su caso.
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Rodolfo Palomino está preso en la escuela de Policía Cespo por tráfico de influencias en favor del empresario Luis Gallo Restrepo.
El general (r) Rodolfo Palomino, director de la Policía entre 2013 y 2016, renunció por el escándalo de la comunidad del anillo. Fue declarado culpable en agosto de 2025 por tráfico de influencias: intervino ante la fiscal Sonia Velásquez, en 2014, para favorecer a un empresario procesado por despojo de tierras con paramilitares. La pena es de siete años y un día. Lo capturaron a fines de noviembre de 2025 y la Corte Suprema confirmó la condena en abril de 2026. Cumple la pena en la Escuela de Estudios de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, en el complejo del Cespo, en Suba. Es una instalación policial, justo el tipo de sitio que cubre la orden presidencial, y tampoco se conoce que lo hayan movido.
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