Los médicos que aprueben el MIR el próximo 25 de enero no podrán trabajar en el sector privado durante cinco años. Así ha quedado recogido en el artículo 36 del borrador del Estatuto Marco para los Trabajadores sanitarios elaborado por el Ministerio de Sanidad. De esta manera, Mónica García pretende con esta exclusividad cubrir las plazas vacantes en la sanidad pública, especialmente en Atención Primaria, con recién titulados.
Esta prohibición se extiende también a los altos cargos y jefes de servicio de los Hospitales, que solo podrán ejercer en centros públicos. Según alegan desde el sector, el Estatuto Marco de los Trabajadores lleva negociándose entre el Ministerio y profesionales sanitarios dos años, habiéndose celebrado la última reunión en mayo de 2024 sin que esta medida estuviera sobre la mesa.
La ministra de Sanidad trasaladó este texto previo a los sindicatos el martes 14 de enero, con apenas una semana de antelación para la próxima reunión del 22 de enero. Los sindicatos ya han adelantado que manifestarán su malestar frente a esta prohibición de trabajar a la vez en la privada y la pública. Por su parte, el estudiantado del MIR, que se está formando en alguna especialidad, también ha mostrado su indignación ante esta iniciativa.
Durante la rueda de prensa que dió Mónica García el pasado 16 de enero sobre las cifras de donación y trasplante de órganos en 2024, no hizo alusión directa al Estatuto. Sin embargo, sí recalcó que «los residentes tienen que trabajar en la pública».
Asimismo, cabe destacar que aquellos que terminen el MIR tiene una posibilidad de librarse de este periodo de exclusividad. Aquellos médicos que estén contratados para una jornada a tiempo parcial también podrán ejercer en la sanidad privada, a no ser que esta modalidad de horario haya sido solicitada por el propio estatutario.
La falta de personal en el sistema sanitario público se debe, entre muchos otros factores, a la alta edad, próxima a la jubilicación, de gran parte de los médicos y enfermeros. Con esta iniciativa, Mónica García pretende cargar contra la sanidad privada y reforzar la pública, cubriendo lo máximo posible esas plazas vacantes y reteniendo talento.
No obstante, en el sistema privado también están experimentando un problema de profesionales debido a que cerca del 30% están cerca de la edad de jubilarse, según los datos de ASPE unos 9.725 sanitarios dejarán de trabajar en la privada en los próximos años. Todo esto sumado a la fuga de sanitarios españoles al extranjero que lleva produciéndose los últimos años, crea un escenario complejo para la sanidad española, por ambos sectores.