El Juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la DANA en Valencia ha citado como investigados a la entonces consellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, y al secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat aquel 29 de octubre, Emilio Argüeso.
Así lo ha acordado en un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la declaración como querellados de ambos, que había solicitado la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud.
La jueza llama a declarar a ambos como «partícipes en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población» y señala que, por el momento, se atribuye ese proceso de adopción «a la máxima autoridad», la consellera «que tenía en dicho momento atribuido dichas facultades, así como por su relevancia orgánica y por ende decisoria» al secretario autonómico.
Pradas defendió la semana pasada la gestión que realizó el 29 de octubre, el día de la DANA, y aseguró que no ocultó al resto de miembros del Cecopi «ningún tipo de información» de la que dispuso en relación con su función institucional.
En un escrito, Pradas afirmó que el teléfono de Emergencias 112 derivó aquel día «todas las incidencias comunicadas a los correspondientes servicios de intervención, los cuales se movilizaron para atender cada situación que era comunicada».
En cuanto al president de la Generalitat, Carlos Mazón, la jueza explica en la resolución que no lo llama a declarar como imputado en la causa «sin perjuicio de que él lo pida voluntariamente».
La magistrada rechaza asimismo la admisión de querellas contra otros responsables de la Administración autonómica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), según acuerda en dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento, abierto por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
En la primera de las resoluciones, la instructora eleva a 225 el número de víctimas mortales (hasta ahora eran 224), junto a tres personas desaparecidas, que incluirá estas diligencias previas, tras incorporar a las mismas a una mujer que padecía leucemia, requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital La Fe el 12 de noviembre del pasado año. La jueza reitera en este auto que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre «fue tardío y erróneo«.
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