"Me opongo"

Entre las principales preocupaciones de muchas personas está hoy encontrar vivienda asequible. Un problema de ámbito nacional que se agrava en las grandes ciudades como Madrid, donde se alcanzan los mayores precios de alquiler mensual en España.

El presidente Pedro Sánchez ha convertido en prioridad de los ejes principales de su acción de Gobierno garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a un precio razonable. Es decir: que la renta disponible al pago de la vivienda no supere el 30%.

Para consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar, el Gobierno ha puesto en marcha una ambiciosa línea de trabajo, que se traduce en medidas concretas y la movilización de recursos económicos que multiplican por ocho el presupuesto que destinaba el expresidente Rajoy. Así las cosas, el Gobierno financia en torno al 70-75% de las políticas de vivienda de las Comunidades Autónomas.

Para dar una respuesta solvente al acuciante problema de la vivienda se requiere del esfuerzo, el trabajo y el compromiso no solo del Gobierno, sino que es imprescindible la corresponsabilidad de las CCAA y la colaboración de los Ayuntamientos para movilizar suelo público para vivienda en alquiler social; incentivar la oferta de vivienda asequible, sobre todo para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables –como las víctimas de violencia de género–, o impulsar la rehabilitación, sin olvidar la demanda de vivienda para atender necesidades crecientes de familias y jóvenes que proyectan su vida en el mundo rural. Un buen ejemplo de políticas proactivas de vivienda será la Operación Campamento, con 10.700 viviendas asequibles.

Enfrente, Ayuso convierte en una batalla que denomina «ideológica» la intervención de las Administraciones Públicas en el mercado de la vivienda. Su política en la Comunidad de Madrid consiste en hacer todo lo contrario que el Gobierno de España: «De qué se trata, que me opongo».

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