Los 17 colombianos llevaban más de cinco años en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe (Haití) sin que ningún juez de ese país les hiciera un juicio. En ese tiempo, según lo que ellos y sus familias contaron a la prensa, comieron poco y mal, no dormían y su vida presos fue un infierno.
En 2022, grabaron videos en los que decían recibir un plato de arroz cada 24 horas y haber pasado tres días encerrados en una celda, sin comer ni bañarse. En 2024, la hermana de Manuel Antonio Grosso, si es posible poner el nombre de ella, contó que dormían en los pasillos de una estación penitenciaria pequeña, sin electricidad.
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A comienzos de este año, otro detenido dijo que había contraído tuberculosis por el hacinamiento y que llevaba 5 años sin ver a un odontólogo. La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, sostuvo en agosto que las condiciones habían mejorado desde 2023: los pasaron a un centro penitenciario distinto, les asignaron abogados de oficio y hablaban con sus familias con regularidad.
Un magnicidio con 30 acusados que aún no se resuelve en los tribunales
En Haití, hay más de 50 acusados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, entre ellos su viuda.
El Ministerio de Justicia de ese país admitió el domingo, cuando explicó por qué entregaba a los presos, que el proceso local sigue con dificultades importantes y que tras cinco años no ha llegado a juicio. Sobre el caso en Estados Unidos dijo lo contrario: que ha avanzado en detenciones, procesamientos y condenas.
Los mercenarios fueron capturados hace 5 años y no ha habido juicio en su contra en Haití. Ahora llegan a una corte federal en EE.UU.
Hace unas semanas, las familias de los colombianos detenidos le habían pedido al presidente Abelardo De La Espriella que gestionara su traslado a Colombia. Su principal argumento es que consideran vencidos los plazos legales de la detención.
La salida de la cárcel ocurrió el domingo 20 de septiembre. Un avión militar estadounidense, grande y de color gris, aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital poco antes de las 11:00 a.m.
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Los presos abordaron con overoles azules, según el Miami Herald, que además obtuvo el manifiesto de vuelo. El diario contó que durante unas horas hubo dudas sobre si Joseph Félix Badio iría en el mismo avión. Había salido de la prisión junto con los colombianos, pero las autoridades haitianas se resistían a entregarlo porque es un sospechoso central en su propia investigación.
Su nombre terminó apareciendo en la lista de pasajeros. Eran 18 personas en total: 17 colombianos y ese único haitiano. Badio trabajó en el Ministerio de Justicia de Haití, en la unidad contra la corrupción, y los fiscales estadounidenses lo señalan como uno de los planificadores del crimen.
Estuvo prófugo más de dos años y lo detuvieron en Haití en octubre de 2023. En el juicio de este año en Miami, el exmilitar colombiano Germán Alejandro Rivera, que se declaró culpable y colaboró con la fiscalía, declaró que Badio asumió el liderazgo del grupo cuando fracasaron los planes de capturar a Moïse. Según su testimonio, fue quien comunicó la orden de ejecutar el magnicidio.
El traslado lo confirmó en la red social X el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, sin dar nombres.
Allí, informó que 30 personas han sido acusadas en el caso y que la investigación no termina con quienes planearon y ejecutaron el asesinato, sino que seguirá hasta quienes lo financiaron o lo facilitaron.
Antonio Intriago era el presidente de la empresa CTU, que fue la que contrató a los mercenarios para trabajar en Haití.
Por su parte, Brett Skiles, agente especial del FBI en Miami, dijo que Moïse fue asesinado por personas que buscaban beneficiarse de oportunidades financieras ilícitas y de contratos comerciales. Haití, por su parte, aseguró que actuó por solicitud de Estados Unidos y en aplicación del tratado de extradición entre los dos países, aunque no precisó cuántas personas entregó.
La Cancillería colombiana aclaró que el gobierno no intervino en la decisión ni en el procedimiento. Además, aseguró que seguirá con la asistencia consular y vigilará el debido proceso.
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Los 18 implicados responderán ante la corte federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, la misma que ya juzgó a otros implicados. Según documentos judiciales, entre febrero y julio de 2021 buena parte de la conspiración se planeó y se financió en el sur de ese estado.
El expediente fue puesto recientemente bajo reserva, mientras que los abogados del caso dijeron al Miami Herald que ese hecho es señal de nuevos cargos o nuevos acusados. Los reportes publicados, hasta ahora, no precisan de qué se acusa concretamente a los 17 colombianos ni cuándo será su primera comparecencia.
123 disparos, la captura y un destino judicial sin definirse
Los colombianos fueron capturados en Haití en los días posteriores al 7 de julio de 2021, cuando un grupo armado entró hacia la una de la madrugada a la residencia privada del presidente, en Pétion-Ville, y lo mató a tiros.
Moïse recibió 12 disparos y su esposa, Martine Moïse, quedó gravemente herida. 11 de los sospechosos, según la embajada de Taiwán, entraron por la fuerza al terreno de esa sede diplomática; su personal de seguridad avisó a la policía haitiana, que los detuvo allí.
Otros dos fueron atrapados por civiles en Pétion-Ville, atados con una cuerda y llevados a una comisaría, frente a la que se juntó una multitud que pedía linchar a los detenidos. El 8 de julio, el director de la Policía Nacional, León Charles, informó de 15 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano arrestados, tres colombianos muertos y ocho prófugos.
Con los días, los colombianos presos llegaron a 18. Uno de ellos, Germán Alejandro Rivera, fue trasladado antes a Miami.
Los detenidos han dicho que viajaron a Haití por una oferta de trabajo en seguridad privada y que les explicaron que la misión era capturar a una persona requerida por autoridades estadounidenses.
La fiscalía de Estados Unidos, por su parte, reconoce esa versión: dice que el plan se presentó a los excombatientes como un arresto legal y que, tras fallar los intentos de secuestro, se convirtió en una orden de asesinato.
Documentos judiciales hablan de 22 antiguos miembros del Ejército colombiano. La empresa CTU, con sede en Florida, contrató al principio a una veintena para cuidar a Christian Emmanuel Sanon, el médico haitiano radicado en ese estado al que los conspiradores pensaban poner en la presidencia.
Jovenel Moïse fue asesinado por un convoy de mercenarios colombianos en 2021.
Hasta ahora nueve personas han sido condenadas en Estados Unidos por el caso, y solo dos son colombianas. Rivera, capitán retirado del Ejército, se declaró culpable y recibió cadena perpetua en octubre de 2023, con la posibilidad de que la pena se reduzca por su colaboración. Mario Antonio Palacios huyó a Jamaica, donde lo detuvieron en octubre de 2021, y lo interceptaron en Panamá en enero de 2022 por una circular roja; se declaró culpable en diciembre de 2023 y el 1 de marzo de 2024 lo condenaron a cadena perpetua.
Otros tres recibieron la misma pena: el exsenador haitiano Joseph Joel John, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar y el haitiano-estadounidense Joseph Vincent. Una sexta persona fue sentenciada a nueve años por financiar el envío de chalecos antibalas, al determinarse que no conocía el plan. En mayo, un jurado federal de Miami declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages tras 39 días de juicio. Los cuatro pueden recibir cadena perpetua y todavía esperan sentencia.
La situación de los colombianos acusados en el magnicidio sigue indefinida. Las condenas anteriores en este caso incluyeron los delitos de conspirar para matar o secuestrar al presidente, dar apoyo material y participar en una operación armada contra una nación amiga, y la pena más repetida ha sido la prisión perpetua.
El traslado ocurrió pocos días antes del juicio de Sanon, el último sospechoso importante que sigue pendiente.
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