El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que la obligación de que Renfe tenga que modificar su compromiso de puntualidad, para regresar a un régimen más favorable para el pasajero, es «inconstitucional» porque va en contra de la «libre competencia» que consagra la Constitución. Mientras Renfe prepara la fórmula jurídica con la que se opondrá a ello, el ministro ha advertido de que el cambio se hizo porque unas condiciones más ventajosas que las de Ouigo e Iryo le costaban a la operadora española 43 millones al año, que se repercutirán en el precio de los billetes si finalmente tiene que volver a aplicar las indemnizaciones que había hasta junio del año pasado.
«De entrada, se nos dice que es inconstitucional porque va contra la libre competencia, que está recogida en la Constitución», ha dicho durante un desayuno informativo en Madrid en el que ha anunciado la renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, con una adaptación para permitir que los trenes puedan circular a 350km/h y unir las dos ciudades en «menos de dos horas».
«Lo que han hecho no es legal», ha dicho Puente este lunes, unos días después de que el Congreso decidiera incluir en la Ley de Movilidad Sostenible la obligación de que Renfe regrese a unas condiciones por las que devolvía el 50% del importe a partir de 15 minutos de retraso y del 100% a partir de media hora. En julio del año pasado las cambió por 50% a partir de una hora y 100% a partir de la hora y media de demora, pero el PP promovió desde el Senado una enmienda para regresar al sistema actual que Puente ha lamentado que después en el Congreso fue «acogida con sorprendente entusiasmo» por grupos como ERC y Junts, que unidos a Vox y a Podemos hicieron que la enmienda prosperara y se convirtiera en una obligación legal para Renfe, que desde entonces busca la manera de evitar que entre en vigor, el 1 de enero de 2026.
«Para darme un palo a mí y a Renfe, se olvidan de que lo que han hecho no es legal porque Renfe compite con dos empresas que copan el 35% o más del mercado de las líneas rentables de Alta Velocidad», ha dicho Puente, que ha añadido que imponer unas mayores obligaciones de compromiso de puntualidad a la operadora española que a Ouigo e Iryo «estás abocando a no competir y se está restringiendo el derecho de la compañía a fijar sus precios y a competir».
43 millones que irían al precio de los billetes
«Esta visión tiene las patas muy cortas. Estamos estudiando desde el punto de vista legal» cómo evitar que Renfe tenga que volver a las condiciones de junio de 2024.
Ha recordado que el cambio «no se hizo por capricho», sino porque en un mercado en el que Renfe compite con Ouigo e Iryo, que indemnizaban solo mayores demoras y con miles de circulaciones de trenes de Alta Velocidad todos los días, que hace que una incidencia afecte a muchos más que el que la sufre, las anteriores condiciones de indemnización por demoras costaban a Renfe 43 millones de euros al año, que deberá repercutir en le precio de los billetes si tiene que volver a ofrecerlas.
«El incremento del precio de los billetes» por este motivo, ha dicho, «hace imposible competir».
