Montero defiende que la nueva financiación será voluntaria y niega la ordinalidad y «trato de favor» a Cataluña

Montero defiende que la nueva financiación será voluntaria y niega la ordinalidad y «trato de favor» a Cataluña

María Jesús Montero ha presentado su reforma de la financiación autonómica este miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado por el rechazo generalizado —aunque con matices de intensidad— de las comunidades. Montero ha trasladado a los gobiernos territoriales que su modelo de financiación es voluntario (como ya lo es el vigente), ha negado que incluya «ordinalidad» y ha rechazado que dispense trato de favor a Cataluña, la única comunidad que lo apoya abiertamente. 

«Es falso que sea un modelo ideado para contentar a Cataluña», ha subrayado la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior a la reunión, que ha durado cuatro horas. La también ministra de Hacienda ha señalado que los nacionalistas catalanes pretendían «un cupo», pero lo que finalmente se ha puesto sobre la mesa es «una reforma del modelo común».

Durante la rueda de prensa, Montero ha ido contestando, casi punto por punto, a los reproches que le han ido lanzando desde los gobiernos autonómicos. Uno de ellos es el factor de la ordinalidad, el principio que garantiza que una comunidad no pierda puestos en el ranking de financiación, una vez entra en juego el reparto entre territorios.

La vicepresidenta primera ha tachado de «falso» que el sistema que plantea tenga ordinalidad, aunque ha vuelto a reconocer que este principio «sí se cumple» para algunas comunidades. Concretamente, para Cataluña, como ya adelantó Oriol Junqueras (ERC) la semana pasada. Unas declaraciones que matizan las que hiciera el viernes pasado, cuando señaló que el sistema sí «tiende a la ordinalidad».

Montero ha trasladado que «no es interés del Gobierno qué orden ocupa» cada comunidad en el reparto y ha defendido que su sistema recorta las diferencias de financiación por habitante entre la comunidad mejor y peor tratada hasta los 700 euros, frente a los 1.500 del modelo actual. Algo que, en sus palabras, lo hace «más igualitario». 

En esa línea, la vicepresidenta también ha cargado contra las acusaciones de «insolidaridad» del sistema propuesto que han deslizado varias comunidades. «Quien diga que el sistema es insolidario, directamente miente. La solidaridad aumenta», ha señalado.

Sistema voluntario

Entre las novedades que ha planteado Montero a las comunidades está la voluntariedad de acogerse o no al modelo si finalmente se aprueba. La vicepresidenta primera ha detallado que el ministerio está trabajando ya en el texto de la ley, que se espera llevar al Congreso antes de que llegue el verano, con vistas a que esté aprobado antes de que concluya el año.

La idea es que, si la ley sale adelante, las comunidades autónomas que quieran acogerse al sistema puedan suscribir convenios voluntarios con el Gobierno. Una fórmula similar a la escogida por Hacienda para la condonación de la deuda autonómica. Si no se suscriben, las autonomías permanecerían en el sistema actual, que genera rechazo unánime en todos los territorios. «No se va a imponer absolutamente nada», ha incidido Montero. 

Por lo pronto, el siguiente paso que tiene previsto dar Hacienda es celebrar reuniones técnicas con las comunidades autónomas para resolver las dudas del modelo. Montero se ha mostrado dispuesta a negociar algunos de los aspectos, pero sin grandes concesiones dentro de lo que ya se conoce. Por ejemplo, ha descartado que pueda producirse un gran aumento de los 21.000 millones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa de las comunidades. 

Montero se ha abierto también a que se pueda vincular la financiación a gastos «finalistas» como pueda ser la vivienda, tal y como deslizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recientemente. A esa política, Montero ha añadido también la sanidad y la educación públicas. 

Pide una propuesta «numérica» al PP

La rueda de prensa ha estado plagada de dardos de Montero al Partido Popular y a sus gobiernos autonómicos. «No existen razones objetivas para que ninguna comunidad pueda oponerse» ha trasladado la vicepresidenta, que ha acusado a los gobiernos autonómicos de tirar de «argumentario político». La ministra se ha mostrado dispuesta a negociar con «propuestas numéricas y concretas».

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