La Fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo ya capturó 9 personas en Arauca, Barranquilla, Ciénaga de Oro, Córdoba y Cantagallo, Bolívar
Nueve personas fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en los municipios de Arauca, Barranquilla, Ciénaga de Oro (Córdoba) y Cantagallo (Bolívar) por sus presuntos vínculos en un entramado de corrupción que habría manejado de forma irregular recursos del sistema OCAD Paz en actuaciones que vienen ocurriendo desde antes de 2023.
Por estos hechos y en un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), por irregularidades en un contrato de mejoramiento de vías rurales en San Andrés que superó los 30.000 mil millones de pesos. La exfuncionaria está entre los capturados en las últimas horas.
Le puede interesar: Así se despilfarraron millonarios recursos de la paz que terminaron embolatados
El proceso disciplinario se originó tras un informe de la Oficina de Planeación del Ministerio Público, del 27 de abril de 2023, en el que se advirtieron presuntas anomalías en la reinversión y ejecución de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Álvarez, como directora de Aremca, escogió en 2022 al Consorcio Pavimento San Andrés para ejecutar el contrato del plan vial «sin aplicar la licitación pública como mecanismo obligatorio de selección del contratista», señaló la Procuraduría. Además, «sin utilizar los pliegos tipo», documentos imperativos en la contratación pública, según señaló el organismo de control.
De acuerdo con las autoridades, se utilizaba la figura del esquema asociativo para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), vinculados a la cuestionada Aremca, que durante años manejó una billonaria inversión en varias regiones del país.
¿Cómo operaba el presunto desvío del entramado Aremca?
Durante años, la entidad habría acumulado alertas de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por posibles inconsistencias en su gestión contractual con recursos públicos. Ese historial derivó, este 15 de abril, en una redada de la Fiscalía que dejó nueve personas capturadas.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación apunta a una presunta red de corrupción que habría desviado contratos financiados con regalías por cerca de $496.000 mil millones en distintos departamentos del país. La magnitud de los hechos y la responsabilidad de los involucrados continúan bajo investigación de la Fiscalía.
Le puede interesar:El esquema de corrupción que desangró el OCAD-Paz
El ente acusador señaló que los integrantes de Aremca, una asociación que se presenta como gestora de proyectos para municipios de la región Caribe, habrían aprovechado la figura de los esquemas asociativos de municipios para apropiarse, presuntamente, de al menos 101 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en departamentos como Arauca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander.
La Fiscalía sostiene que, solo en Arauca, la asociación habría desviado cerca de $3.200 millones que debían invertirse en proyectos. A esto se sumaría otra presunta irregularidad: la omisión del descuento obligatorio del 5 % en cada contrato por concepto de seguridad social. Por este concepto, se habrían dejado de girar alrededor de $14.000 millones.
Le puede interesar:La caída de Los Manzur, la poderosa familia conservadora de Córdoba que terminó muy mal
Cabe señalar que, en febrero de 2025, en un informe de la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación que se sigue contra siete congresistas por el caso de la UNGRD, y que ya ha enviado a dos de ellos a prisión (Wadith Manzur y Karen Manrique), se citó a la entidad Aremca por su participación en contratación y convenios celebrados en la costa norte, al parecer, de manera irregular.
En ese sentido, se relacionaron “más de un centenar de convenios y de contratos de Aremca con gobernaciones, alcaldías e incluso con ministerios, que superan los $250.000 millones de pesos”, señala la Fiscalía.
Navegación de entradas
