La participación de las mujeres en política es una necesidad, dados los inmensos beneficios de su presencia activa y determinante en lo público.
Para nadie es oculto que la participación de las mujeres en política es una necesidad, no sólo para ellas, sino para todos. No se trata únicamente de una obvia, necesaria y justa reivindicación de igualdad, sino de un clamor colectivo dados los inmensos beneficios que su presencia activa y determinante tiene en el manejo de lo público para toda la sociedad.
Es hora, entonces, de hacerlo explícito y, si es tan cierto que todos creemos en ello, lograr que se haga cada vez más realidad en todos los espacios, en todos los temas y en todos los niveles.
El problema es actual, real y grave. El empoderamiento de las mujeres se vincula con su autonomía económica, con la autonomía en la toma de decisiones y con la autonomía física. A no dudarlo, tenemos aún una tarea enorme para asegurar la participación efectiva de las mujeres en política, tanto como electoras, como elegibles.
Ciertamente, según distintos estudios realizados en el tiempo, sólo una de cada tres mujeres que hace política no ha sufrido violencia y, más dramático aún, muchas consideran que ello hace parte del costo natural de ocupar cargos públicos, con lo que se tiende a normalizar lo que está mal y a perpetuar el problema.
¿Qué se ha logrado? Es cierto que hemos avanzado y dentro de ello podemos ver que, a partir del reconocimiento del voto igualitario, se consolidó la tendencia a la participación de las mujeres en política, tanto como electoras y elegidas, y como representantes políticas.
No sólo la Alta Instancia de Género que tanto impulsamos en la implementación de los Acuerdos, sino que, a nivel nacional y en las entidades territoriales, se han creado y fortalecido consejerías, secretarías y otras áreas dedicadas a la mujer y a los temas de género que, obvio, dan realce a lo que se debe hacer desde las esferas sociales, económicas y políticas.
Mucho nos ha ayudado también la creación de plataformas internacionales de cooperación en los temas de la mujer, como espacios donde representantes de gobiernos y de la sociedad civil ponen en discusión los principales desafíos.
Las barreras que se mantienen
Pero son muchos los temas que siguen limitando la participación de las mujeres en la política y que constituyen un reto principal para Colombia en esta área. Algunos de los que más nos duelen y necesitan toda la atención:
Los roles tradicionales siguen identificando al hombre como actor político y a la mujer como actor de la vida privada y del cuidado. Eso está mal.
Cuando se abre espacio para ellas, se da aún la tradicional restricción de llevarlas a las carteras “suaves” o a temas con tinte social o cultural. Si bien en esas áreas logran maravillas y no podemos perder ese enorme aporte, no existe ninguna razón para que no nos beneficien liderando todos los temas.
Es clara la desigualdad económica y, obvio, ello tiene repercusiones en la capacidad de las mujeres para financiar, en igualdad de condiciones, su participación en campañas electorales.
Y entonces, ¿Ajá?
Aunque avanzamos mucho con el marcador presupuestal de género, convertido en ley durante el gobierno del presidente Duque, es indispensable que los presupuestos sensibles al género acompañen de manera efectiva los programas, acciones y entidades que trabajan estos temas, pues las asignaciones presupuestales desde el sector público siguen siendo insuficientes.
Aparte de todas las acciones obvias y de mantener y fortalecer todo lo que se ha logrado, tenemos que revisar el estatuto de financiación de campañas para que la desigualdad económica entre hombres y mujeres no tenga repercusiones en la capacidad de ellas para financiar su participación política.
También debemos revisar los reglamentos del Congreso y de los demás cuerpos colegiados para evitar que, en asuntos de género, las mayorías terminen opacando la voz de las mujeres.
Y, claro, debemos asegurar que en la ley de partidos políticos no existan barreras que obstaculicen la acción política de las mujeres y su acceso real a los espacios de decisión.
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