El Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid para proteger el uso residencial en la ciudad y regular los pisos turísticos ha recibido la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha dado luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite la entrada en vigor de la nueva normativa en las próximas semanas, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Así, en la capital ya no podrá haber pisos turísticos dispersos en edificios residenciales. El área de Urbanismo ha recordado que la apuesta es un modelo donde este tipo de alojamientos «coexistan con otras modalidades pero salvaguardando a los residentes de los efectos que supone compartir espacio en una misma finca».
El plan para regular los pisos turísticos divide Madrid en dos a la hora de limitar este tipo de viviendas. Por un lado, abarca los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, Retiro y parte de Arganzuela, Moncloa y Chamartín, ubicados en la APE 00.01 que el Consistorio denomina ‘centro histórico’. Por otro lado se encuentran los distritos situados más allá de la M-30 y algunas zonas de los ubicados en el interior de la vía de circunvalación: barrios como Legazpi o Atocha (Arganzuela), gran parte de Chamartín y Moncloa-Aravaca, Tetuán o los barrios de Estrella y Adelfas en Retiro. En la APE 00.01 no se permiten los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales ni aunque se sitúen en planta baja; ni tampoco la transformación de locales comerciales en VUT.
Fuera de esta almendra central tampoco se permite este cambio en las vías que el Plan General de Ordenación Urbana establece como «terciarizadas». Por ejemplo, el entorno de Marcelo Usera, Bravo Murillo o General Ricardos; la avenida de Entrevías desde su inicio hasta la M-40, zonas de López de Hoyos, Cartagena, calle Alcalá y Méndez Álvaro, o en el paseo de Extremadura desde Alfonso Cea al puente de Segovia. Además, tras el periodo de información pública se introdujo una modificación en este entorno: ampliar las restricciones en los edificios residenciales fuera del centro. En estos, solo podrán instalarse pisos turísticos en inmuebles situados en sótanos, plantas bajas y primeras con acceso independiente.
El Plan Reside no solo trata de regular las viviendas de uso turístico en la ciudad; también pretende proteger y recuperar el uso residencial, sobre todo, en el centro histórico, donde hay una mayor saturación y presión por el incremento de la presencia de alojamiento turístico. Otro de los objetivos es proteger el comercio tanto en el centro como en la zona exterior. Para todas estas pretensiones, la normativa contempla otras medidas. En el centro histórico, se permitirá que edificios residenciales vacíos puedan rehabilitarse y ofrecerse como pisos turísticos como máximo durante 15 años. Pasado ese plazo, el edificio volverá a tener un uso residencial para siempre. No podrán estar ubicados en calles comerciales y tendrán que contar con protección (estar catalogados). Es, según el Consistorio, una manera de aumentar la oferta de vivienda a través de construcciones en desuso.
El plan contempla además herramientas urbanísticas que faciliten la transformación de las edificaciones. Se pone a disposición de los propietarios ventajas para convertir edificios de uso terciario (oficinas) en uso residencial con incentivos como el incremento de la edificabilidad para que pueda rentabilizarse la transformación. La otra medida es permitir que edificios dotacionales privados en desuso (como colegios, conventos o centros deportivos) y catalogados se puedan transformar en residenciales para destinarlos a viviendas asequibles o colectivas. Se establece que la renta máxima anual del arrendamiento no podrá superar el 30% de los ingresos familiares medios del barrio en el que se ubique el edificio.
Hasta la aprobación definitiva del Plan Reside, el Gobierno municipal puso en marcha un plan de acción transitorio con el que incrementó las sanciones, pudiendo llegar a acumular hasta 190.000 euros. Hasta el momento, se han impuesto 89 multas coercitivas (de entre 1.000 y 3.000 euros) y, además, 92 sanciones por la implantación de uso turístico sin la preceptiva licencia. De esas sanciones, 89 han sido por valor de 30.001 euros cada una y las tres restantes por valor de 60.001 euros cada una, por reincidencia.
El último diagnóstico oficial sobre pisos turísticos en la ciudad data de octubre de 2024. Así, según el Consistorio, en Madrid operan 17.360 establecimientos turísticos de los que el 92,7% son pisos turísticos, es decir, 16.100. De ellos, solo el 7,45% son legales, o sea, 1.200 operan con la correspondiente licencia.
