Ante la saturación de los centros de menores migrantes y la previsión de un aumento en el flujo de llegadas en verano, la Comunidad de Madrid ha habilitado nuevos puntos de atención. Alrededor de un centenar de plazas se han autorizado para reforzar el centro de primera acogida La Cantueña, en Fuenlabrada, y otros centros ubicados en la capital, Parla y Rivas-Vaciamadrid. Estos espacios se utilizarán para cubrir las necesidades básicas de los niños y adolescentes tutelados por Madrid. La ampliación de estas plazas coincide con el proceso de reubicación previsto a finales de este mes para trasladar a los menores que permanecen en Canarias. De forma paralela, el Ejecutivo autonómico tramita un nuevo acuerdo marco para consolidar varios recursos de carácter temporal y reforzar la capacidad del sistema autonómico.
Desde el 1 de agosto La Cantueña amplió su capacidad añadiendo 19 plazas de atención que se sumaron a las 96 que tenía le centro. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales «inició el expediente de modificación contractual para la ampliación de plazas» a finales de mayo, según figura en la documentación consultada por 20minutos. El refuerzo de este recurso se enmarca dentro de la planificación de la Comunidad de Madrid para atender la saturación de su red y parte de los 647 menores que llegarán a la región a partir de finales de agosto durante el reparto programado por el Gobierno central.
La Consejería ya indicó que el centro de primera acogida de Fuenlabrada sería uno de los espacios donde se alojarían estos niños y adolescentes procedentes de Canarias. Además de esta ubicación, el Ejecutivo autonómico adelantó que se estudiarían otras localizaciones para habilitar puntos de atención adicionales. En esta línea se han adjudicado varios contratos para disponer de 90 plazas distribuidas en diferentes recursos. Entre ellos se encuentran un centro de acogida situado en la capital, otro en Rivas-Vaciamadrid, dos pisos tutelados en el centro y uno en Parla. El contrato estableció que estos espacios prestasen servicios entre el 1 de julio hasta el 31 de diciembre.
El informe técnico que acompaña la orden de contratación indica que «la red de recursos residenciales destinados a menores extranjeros no acompañados se mantiene a lo largo del año con una ocupación constante del 100%». Asimismo, el documento aclara que «es previsible que, a finales de verano, se eleve el flujo migratorio de menores». Aunque desde la Consejería no se ha confirmado que estas plazas se destinen en exclusiva para atender el reparto, la previsión y los plazos establecidos coinciden con el calendario fijado.
A partir del 28 de agosto empezará el traslado a la península, que se hará de forma progresiva en un año. Aplicando los nuevos criterios de redistribución incluidos en el protocolo de «contingencia migratoria extraordinaria» -entre los que se contemplaba la población, el PIB, el paro, la dispersión territorial o el «esfuerzo previo»- el Ministerio elaboró un listado para reubicar los 4.000 menores que permanecen en Canarias por todo el territorio nacional. En esta adjudicación, a Madrid se le asignó atender a 647 niños y adolescentes, mientras que otras regiones como Cataluña o País Vasco quedaron fuera de este proceso.
La modificación de estos criterios generó que tanto la Comunidad de Madrid cuestionó los cambios y se opuso, junto a otras 10 comunidades autónomas dirigidas por el PP. «Supone un reparto injusto, insolidario, que atenta a las competencias de las comunidades autónomas. Es un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas», señaló el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García. La primera ofensiva del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el plan del Gobierno de España se materializó en un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley donde se estableció el nuevo sistema.
Tras ello, a finales de julio se abrió un nuevo frente judicial con la interposición de otro recurso en el Tribunal Supremo contra el decreto que articula el reparto de menores. «Los tribunales tienen que aclarar si el Gobierno está legitimado para hacer lo que pretende, esto no responde a ninguna política de control migratorio, solo a pagar un peaje», manifestó la Comunidad de Madrid sobre esta cuestión. Por ahora, ambas impugnaciones continúan su curso, sin que ninguna de las dos instancias se haya pronunciado.
En paralelo a la ofensiva en los tribunales, Madrid refuerza sus recursos, ante la previsión de que el flujo de llegadas no disminuya. La situación migratoria ha provocado en los últimos años que el número de menores tutelados por el Gobierno regional se ha incrementado. Entre enero y junio de este año, llegaron a la región 1.232 niños y adolescentes. Junto a este volumen de atenciones, la ocupación diaria en los centros se sitúa en un rango de entre 720 y 750 menores, según datos de la Consejería de Asuntos Sociales.
La región dispone en la actualidad de 550 plazas especializadas en la atención de menores migrantes que se encuentran al 100 % de su capacidad, según recogen los informes técnicos de la Consejería. Junto a estas, hay que añadir otros recursos temporales que se habilitan por la vía de emergencia o el centro de Hortaleza, donde el 99.9% de los espacios son ocupados por niños y adolescentes migrantes. Del total de las plazas especializadas, la mayoría tiene una cobertura de contrato ordinario, aunque 87 son temporales y se van renovando de forma continuada.
En el contexto actual, la Comunidad de Madrid considera necesario «consolidar este número de plazas». En esta línea, está en proceso de tramitación un nuevo acuerdo marco que garantice la «homogeneización de las condiciones y asegurar la igualdad en la prestación a los usuarios y la optimización del sistema desde el punto de vista administrativo, así como la creación de una bolsa adicional de plazas a las que recurrir en caso necesario», recoge el contrato. Sin embargo, la tramitación de este se encuentra, de forma temporal, paralizada por el recurso interpuesto por Vox en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública hasta que se resuelva si el procedimiento cumple con los requisitos legales.
