Fabio Humar, Jaime Granados y Mauricio Pava están detrás de tres firmas que representan a empresarios, políticos y funcionarios en los casos más relevantes del país
En Colombia, el litigio penal de alto perfil de cuello blanco tiene entre sus protagonistas a tres bufetes vinculados con procesos que han involucrado a empresarios, dirigentes políticos y figuras públicas: Fabio Humar Abogados, Jaime Granados Peña & Asociados y MPA Penal Corporativo, fundada por Mauricio Pava Lugo.
Fabio Humar, egresado de la Universidad Javeriana, creó su propia organización después de trabajar en la Fiscalía. Según su hoja de vida, llegó a la Fiscalía en septiembre de 2005, durante la administración del fiscal general Mario Iguarán, y salió en agosto de 2010, cuando Guillermo Mendoza Diago ejercía como fiscal general encargado. Tras esa experiencia, consideró que había adquirido el conocimiento necesario para ejercer la defensa desde el otro lado del banco.
Foto X: @HumarFabio
La firma ha intervenido en asuntos de amplia exposición pública. Uno de ellos fue la representación de empresas integrantes del Consorcio CCC Ituango, conformado por Constructora Conconcreto S. A., Camargo Correa Infra Ltda. y Coninsa Ramón H. S. A. El caso estuvo relacionado con cuestionamientos del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sobre presuntas fallas en los materiales y diseños del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Otro proceso conocido fue el envenenamiento con talio, en el que el bufete representó a Juan de Bedout, padre de una de las menores afectadas. El expediente estuvo relacionado con un caso de homicidio por el suministro de frambuesas contaminadas, en el que la firma actuó como apoderada de las víctimas.
Entre los asuntos recientes mencionados por la organización está la defensa de un ciudadano estadounidense señalado de abuso sexual infantil en Bogotá, en junio de 2026. La posición de la defensa es que los hechos denunciados no ocurrieron durante el proceso de adopción. La firma ha planteado que podrían existir acciones contra particulares, influenciadores y funcionarios públicos por presuntas conductas de calumnia y por lo que considera un intento de linchamiento público.
Otra oficina con presencia en procesos de alto impacto es Jaime Granados Peña & Asociados. Su fundador, Jaime Granados, abogado de la Universidad Javeriana, es una figura reconocida del derecho penal colombiano y ha tenido un papel técnico relevante en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el país.
Durante las últimas décadas, su firma ha representado a clientes del ámbito político y empresarial. Entre los casos conocidos está la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en los procesos relacionados con presunta manipulación de testigos y fraude procesal. También representó a Laura Moreno en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares y defendió al exministro Óscar Iván Zuluaga en el expediente relacionado con el llamado caso del hacker Andrés Sepúlveda.
La trayectoria de la firma incluye la defensa del coronel Alfonso Plazas Vega en el proceso por la retoma del Palacio de Justicia, así como actuaciones relacionadas con los hermanos Nule, el almirante Gabriel Arango Bacci y el exsenador Eduardo Pulgar.
Foto: X@MPaDerechoPenal
Por su parte, Mauricio Pava Lugo, abogado de la Universidad de Caldas y especializado en casación penal, fundó MPA Penal Corporativo. La firma ha desarrollado durante más de dos décadas una práctica centrada en el litigio penal y corporativo, con representación de clientes privados y del sector financiero.
En los últimos años, Pava ha asumido la representación de figuras de la política nacional. Su llegada a ese círculo, según la información aportada, estuvo relacionada con su vínculo con Roy Barreras. Entre los asuntos de mayor visibilidad figuran la defensa del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones, la representación de la primera dama, Verónica Alcocer, y el acompañamiento jurídico a Laura Sarabia.
Otro expediente relevante es la representación del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los tres bufetes, Fabio Humar, Jaime Granados Peña y MPA Penal Corporativo llegaron al listado Latin America 2027, en la sección delitos de cuello blanco.
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