Si las centrales sindicales y el gobierno en funciones francés respiraron aliviados el miércoles pasado quiere decir que la huelga de ese día puede marcar el retorno al sindicalismo clásico en un país donde, desde hace años, toda manifestación callejera se traduce en violencia y es instrumentalizada por ciertos partidos políticos.
Por una parte, los líderes sindicales midieron muy bien el lenguaje previo a la cita.
Nada de soflamas radicales, concentración en los asuntos económicos y sociales que angustian a los ciudadanos, sabedores de que el nuevo jefe de gobierno, Sébastien Lecornu, todavía sin ministros nombrados por él, está obligado a escuchar tanto a sindicatos como a fuerzas políticas para no ser tumbado en la Asamblea a la primera de cambio. Eso, sin olvidar la debilidad personal que el presidente Emmanuel Macron intenta disimular con su acción en el exterior.
Por otra parte, el despliegue de fuerzas policiales y de gendarmería – 80.000 efectivos – utilizó una nueva táctica de contención a los ultraizquierdistas “Black blocs”, y a los estudiantes aprendices de revolucionarios, sin entrar al trapo en cada destrozo o provocación, limitando así las imágenes de gases, fuego y palos que roban el protagonismo y difuminan las reivindicaciones originales de los manifestantes en televisiones y prensa escrita. La labor de los servicios de orden de las centrales también colaboró a ello.
Bofetada sindical a Melenchón
El país ha superado dos citas callejeras en una semana. El llamamiento a “bloquear todo” del 10-S, grito desesperado de franceses aplastados por impuestos y normas burocráticas, por inicuas prohibiciones internas y bruselenses, por la imposibilidad de hacer frente a la brutales subidas de precios, disparados desde la crisis del Covid, por lo que ellos entienden como desprecio de las élites y por el bloqueo político propiciado por un presidente, fue descafeinado, desvirtuado y desmontado por la extrema izquierda política, representada por “La Francia Insumisa” y su caudillo, Jean-Luc Melenchón. Nadie se lo agradecerá.
La secretaria general del principal sindicato del país, CFDT (“Confederación francesa democrática del trabajo”), Marylise Leon, no disimula sus críticas hacia el líder “insumiso”: “No soporto la idea de ser instrumentalizada por cálculos políticos; la huelga del 18 fue un movimiento contra el 10-S, que fue recuperado políticamente por LFI. El 10-S estaba dirigido contra el presupuesto de Bayrou, no contra el presidente Macron. Soy sindicalista y mi objetivo no es la desestabilización de las instituciones y las personas que las representan, sino la defensa de los trabajadores”.
El éxito de la huelga del miércoles pasado se midió por el número de personas que patearon las calles: medio millón, para el gobierno y un millón para los convocantes. Con eso se conforman unos y otros. Se puede afirmar que el movimiento de hace tres días se quedó lejos de repetir récords recientes, como las protestas contra la bajada en la edad mínima para la jubilación, por ejemplo. Hablar de que la huelga “paralizó Francia” es una exageración provocada por confundir deseos ideológicos con la realidad o por dioptrías mal medidas. Medio, o un millón de personas, entre sindicalistas liberados, pensionistas cabreados, parados desamparados y estudiantes encantados de no ir a clase no suman para paralizar un país. Trenes de alta velocidad, aviones, taxis, metro, industria, servicios… todo funcionó con relativa normalidad.
No se trataba de crear el caos, que siempre pagan los mismos, los trabajadores precarios que no viven en el centro de las ciudades; los sindicatos querían dejar constancia en la calle de sus exigencias al nuevo jefe de gobierno de Macron: abandono del proyecto de presupuesto presentado por François Bayrou (44.00 millones de ahorro), en especial lo que concierne a recortes en precio de medicamentos, la supresión de los 3000 puestos de funcionarios y la reforma de las prestaciones para los parados. La abrogación de la reforma de la jubilación, que aumentó de 62 a 64 años la edad mínima para optar a la pensión, sigue siendo un “casus belli” para las centrales.
El ultimátum lanzado por las ocho centrales sindicales francesas a Sébastien Lecornu fue temperado por la principal organización, la CFDT, la más votada en el país, considerada moderada y reformista, frente a las más radicales, que insistían en mantener incandescencia en las calles. La intersindical, que dio un plazo de una semana a Lecornu para atender sus propuestas, será recibida el próximo miércoles en el palacio de Matignon tras la respuesta rápida del jefe de gobierno.
En todo caso, la capacidad de bloqueo de los sindicatos franceses no se corresponde con la escasa militancia con la que cuentan: sólo un 18,4% de los funcionarios están sindicados; 7.8% de los trabajadores en el sector privado. Pensar que las centrales representan el sentir general de la población puede llevar al error. En una encuesta de opinión publicada esta semana por el IFRAP, un gabinete de estudios liberal, ocho de cada diez franceses prefieren un recorte de gastos del Estado antes que una subida de impuestos; un 63% está de acuerdo en reducir el número de funcionarios; un 72% quiere fijar un techo a monto de ayudas sociales de todo tipo que pueda recibir una persona, y casi ocho de cada diez apoya que, antes de disfrutar de esas ayudas sociales, los extranjeros deben residir cinco años en Francia.
Por supuesto, otras encuestas muestran una mayoría de franceses de acuerdo en hacer pagar más impuestos a “los ricos”. El bombardeo mediático contra las “grandes fortunas” ha dado sus frutos y se convierte así en un fetiche que hasta la derecha está a punto de aceptar.
Esperando soluciones concretas, el bloqueo en la Asamblea Nacional convierte a los sindicatos, por el momento, en interlocutores ineludibles para Lecornu. Un acuerdo con las centrales reduciría la capacidad de maniobra y de amenaza de los dirigentes políticos.
