Cientos de miles de trabajadores interinos del sector público, víctimas del uso fraudulento de contratos temporales por parte de la administración, contienen la respiración a la espera de que una sentencia de la justicia europea decante la balanza a su favor. Este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará una sentencia clave para determinar si se les puede conceder la condición de trabajadores fijos, como reclama la plataforma que los agrupa (FijezaYa).
El tribunal con sede en Luxemburgo se pronunciará definitivamente sobre el caso Obadal, que se ha convertido en la gran esperanza del colectivo para estabilizar su situación. Un expediente que refleja la larga batalla jurídica de una cuidadora de niños madrileña en un centro público de la Comunidad de Madrid contra la administración por encadenar contratos temporales de forma fraudulenta durante varios años.
El caso es especialmente relevante porque la decisión del TJUE sienta la base para que el Tribunal Supremo español dicte jurisprudencia sobre cómo deben resarcirse y sancionarse los abusos de temporalidad en la administración pública. El Alto Tribunal remitió la causa a Luxemburgo en febrero de 2024 para que despejase las dudas sobre cómo deben resolver los tribunales españoles estas situaciones de interinidad prolongada fraudulentamente. Finalmente, más de dos años después, obtendrá una respuesta.
Aunque la sentencia no se conocerá hasta el martes, la línea que seguirá previsiblemente el TJUE será la marcada por las conclusiones del abogado general asignado al caso, el lituano Rimvydas Norkus. Aunque su informe, difundido en octubre del año pasado, no es vinculante para el tribunal, se suele tener muy en cuenta a la hora de dictar la tendencia.
La cuestión de fondo es cómo deben proceder los tribunales a la hora de indemnizar a los trabajadores que se han visto afectados por esta situación. En el sector privado, el criterio está claro: si un trabajador encadena contratos temporales de forma fraudulenta, se le convierte en indefinido, es decir, se le hace fijo.
Sin embargo, en la administración pública no es tan fácil. La Constitución establece que para obtener plaza es preciso haber superado un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Este es el motivo que ha esgrimido el Tribunal Supremo para rechazar conceder la ‘fijeza’ a los interinos en situación fraudulenta. De hecho, se ha llegado a crear la figura de «indefinido no fijo», una relación laboral que teóricamente es más garantista y que se formaliza en un solo contrato, en lugar de la concatenación de varios temporales.
Respecto a esta cuestión, las conclusiones de Norkus apuntan en diferentes direcciones y no son sencillas de interpretar. En primer lugar, el abogado general subraya que el TJUE «jamás ha exigido o siquiera sugerido» que se reconozca la condición de personal laboral fijo o la de funcionario de carrera a un trabajador de la administración sin que haya superado previamente un proceso selectivo que cumpla con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En consecuencia, señala que no reconocer la condición de personal laboral fijo del sector público a estos indefinidos no fijos (la figura que creó el Supremo comentada antes) es compatible con la normativa europea. Sin embargo (y aquí es donde se complica el asunto), todo ello está condicionado a que el sistema jurídico español contenga al menos otra medida que evite y sancione la temporalidad abusiva.
La esperanza de los interinos
La pregunta que se plantea entonces es: ¿existe esta alternativa en España? la respuesta es clara: «No parecen existir medidas que permitan sancionar debidamente el abuso». A esta conclusión se aferran las plataformas de interinos que reclaman que se les haga fijos.
Norkus hace un repaso detallado de todas las medidas que se han ido adoptando para resarcir a los afectados y sancionar a la administración y las va desechando una por una. Llega a considerar incluso que conceder el estatus de fijo no es siquiera suficiente para reparar el daño sufrido por los afectados por esa temporalidad ilegal. Además, agrega que para que la ‘fijeza’ sea una solución, debe aplicarse en un plazo razonable. Una reflexión que abre la puerta a reclamaciones incluso a aquellos trabajadores que, después de acumular interinidades, consiguieron su plaza finalmente.
Respecto al contrato indefinido no fijo por el que apuesta el Supremo, el abogado general también es tajante. Señala que, aunque las condiciones de salario, promoción o incentivos sean similares a las de los fijos, su duración «queda al arbitrio de la administración pública». Un elemento que no ve compatible con la estabilidad en el empleo.
Norkus también carga contra el sistema de indemnización por finalizar el contrato. Considera que los límites tasados de 20 o 30 días por año trabajado que recoge la normativa española no permiten una reparación adecuada en los casos más graves. Y, además, agrega que los interinos que finalmente se jubilan, dimiten, son despedidos antes de su estabilización o los que logran la plaza no tienen derecho a esta indemnización.
El abogado del TJUE también carga contra los procesos de estabilización diseñados por el Gobierno para que los interinos puedan obtener su plaza. Considera que no garantizan que el proceso se celebre realmente y lo ven más como una medida complementaria. Reconoce que el hecho de dar valor determinante a la experiencia en los procesos selectivos es positiva, pero no suficiente por sí sola.
La última palabra la tiene el Supremo
Sin embargo, pese a toda esa argumentación, el abogado general recuerda que es el Tribunal Supremo español quien debe valorar si la normativa nacional tiene esas medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas para sancionar eficazmente los abusos. Aunque, para juzgarlo, debe usar los criterios que defina el TJUE.
Norkus también deja la pelota en el tejado del Supremo otra decisión importante: si la denunciante que motivó el proceso ha sido suficientemente compensada o cabe adoptar otra medida pese a que ya fue estabilizada. Esta mujer, cuya identidad no ha trascendido, obtuvo finalmente su plaza en junio del año pasado. Su plaza salió a concurso, según relata ella misma en la web de la plataforma FijezaYa, tras 20 años sin convocarse y la obtuvo tras superar varias dificultades en el proceso.
