Las ejecuciones en 2024 alcanzaron la segunda cifra más alta de la última década -1.518-, de acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional. Las condenas a muerte continúan así ascendiendo a pesar de que cada vez se llevan a cabo en menos países, es más, el año pasado supuso un mínimo histórico.
Las condenas a muerte llevaban descendiendo desde el 2015, cuando tuvo lugar la cifra más alta con 1.634 ejecuciones. No obstante, a partir de 2020 -489 penas a nivel global- la curva comenzó a ascender y la tendencia continúa en alza. Detrás de este incremento hay varias razones, entre ellas los cambios de gobierno que se han producido en estos años y el endurecimiento de ciertas políticas, especialmente relacionadas con las drogas.
Varios gobiernos han optado por la pena de muerte como solución al consumo y venta de droga; anteriormente no se ajustaba a los criterios de “los más graves delitos”. El 42% de las ejecuciones del año pasado se realizaron “ilícitamente” por delitos relacionados con drogas en China, Irán, Singapur y Arabia Saudí, recoge el informe. En esta línea, Maldivas, Nigeria y Tonga plantearon introducirla.
El contexto político de estos países durante los últimos años es también responsable del incremento de las ejecuciones. En 2021, el régimen talibán se instauró en Afganistán. Un año después, comenzó la retirada de tropas estadounidenses de Irak y el consiguiente traspaso de las fuerzas de seguridad.
En 2021 ganó las elecciones del 18 de junio en Irán el ultraconservador Ebrahim Raisi con el 62% de los votos y las autoridades decidieron retomar la política punitiva por drogas. En la República islámica antes había un sistema islamista moderado, guiado por los principios del islam pero con tolerancia y sin violencia.
Las 1.518 ejecuciones que tuvieron lugar en 2024, no incluyen las cifras de China -quien tiene a más de mil personas condenadas a muerte cada año-, Corea del Norte o Vietnam, ya que se encuentran bajo secreto de Estado. No obstante, el aumento de la pena capital en otros países han causado el repunte.
Arabia Saudi, Irak e Irán: detrás del repunte
A pesar de que China se mantiene como el país donde más personas son ejecutadas, el endurecimiento de las políticas en varios países ha importunado el crecimiento del 23% respecto a 2023. Liderando el ranking se encuentran también Irán, Arabia Saudí e Irak y su lucha contra las drogas.
En Irán se han realizado más de 972 ejecuciones en 2024, un incremento del 14% respecto al año anterior -+853-. El 52% -505- corresponden a delitos relacionados con drogas. El gobierno iraní utilizó la pena de muerte contra personas que “desafían” al régimen y sus ideologías político-religiosas durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad entre septiembre y diciembre de 2022.
Arabia Saudí ocupa el tercer lugar con más de 345 penas capital -el doble que en 2023-, la mayoría por delitos de terriorismo y relacionados con drogas. Según recoge el informe de Amnistía Internacional, la península arábiga usa la pena capital como “arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó protestas “antigubernamentales”” entre 2011 y 2013.
Por su parte, en Irak se han ejecutado a más de 63 personas, el cuádruple de las que se tuvo información el año pasado. En este caso, hubo un repunte de delitos relacionados con el terrorismo.
La lista la continúa Yemen en quinto puesto con más de 38 condenados a muerte, más del doble que en 2023 -15-. Por detrás se encuentran Somalia con más de 34 -un 11% menos-, Estados Unidos con 25 -cuatro Estados reanudaron las ejecuciones- y Egipto con 13 -un 62% más-.
Aunque no hay datos oficiales, en Corea del Norte “es probable que se aplique la pena de muerte a un ritmo sostenido”, manifiesta el informe de Amnistía Internacional. En esta línea, hay otros países como Siria, Vietnam, Singapur o Afganistán, en donde se llevan a cabo ejecuciones pero de las que no hay cifras fiables.
El pasado mes de marzo de 2024, el ministro de Justicia de la República Democrática del Congo anunció formalmente la decisión del gobierno de reanudar las ejecuciones para combatir la “traición” dentro del ejército. Esta propuesta se ha llevado a cabo como respuesta a la intensificación del conflicto armado. Burkina Faso también tiene planes de volver a incluirla para delitos comunes, a pesar de que fue abolida en el Código Penal en 2018.
