En menos de dos años, las autonomías recibirán el doble de dinero para dependencia que el que perciben ahora tras la inyección de 6.200 millones de euros extra que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros. En función del número de personas dependientes a atender, las comunidades recibirán entre 16,5 y 318 millones con el objetivo de financiar el nivel mínimo de la dependencia para fortalecer el sistema, reducir listas de espera, ofrecer «más y mejores» prestaciones y mejorar las condiciones de los trabajadores. Lo hace también, ante las sucesivas peticiones de colectivos y comunidades autónomas, con la vista puesta en la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad —en su fase final de tramitación en el Congreso—, que incluye nuevos servicios y recursos que requerirán una inversión adicional.
El decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales establece que desde este 1 de julio, es decir, la semana que viene, los gobiernos autonómicos ya recibirán unas cuantías muy superiores, de hasta 318 millones de euros más, que las que habrían percibido sin la nueva ampliación. Un incremento que es algo dispar entre regiones, pues el Estado transfiere una cantidad de dinero por cada persona con un grado reconocido de dependencia. En total, y según datos actualizados a 31 de mayo de 2026, en España habría más de 1,7 millones de personas dependientes y el 60% se concentra en solo cuatro comunidades: Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que están, por tanto, entre las administraciones que más dinero recibirán para sus sistemas de dependencia.
Concretamente, se duplicará el dinero por paciente con mayor grado de dependencia, de tal modo que las cuantías para el grado III suben un 128%, pasando de 290 euros a 660 euros al mes; las del grado II suben un 100%, de los 130 a los 260 euros mensuales; mientras que las cantidades para grado I, con una dependencia moderada, suben un 18%, pasando de 76 a 90 euros al mes. En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno central a la dependencia alcanzará los 5.513 millones en 2026 y los 7.239 millones en 2027. O, dicho de otro modo, solo el año que viene la inversión en dependencia ya será del doble que en 2025 y cinco veces superior a la de hace una década. Las comunidades podrán luego añadir la inversión que quieran a los nuevos umbrales que marca el nuevo decreto.
El dinero, por comunidades
De este modo, y según las estimaciones que maneja el departamento de Pablo Bustinduy, Andalucía es la comunidad que más dinero recibirá para dependencia, aunque no es la región que más incremento notará. Las cifras a las que ha tenido acceso este periódico indican que desde el mes que viene, la región andaluza recibirá 317,9 millones de euros más que los que habría percibido sin el decreto, hasta los 957.651.108 euros. Para 2027, el cálculo es que la aportación estatal ya será de un 99,4% más, hasta superar los 1.275 millones de euros.
La segunda comunidad que más fondos adicionales recibirá el próximo mes es Madrid, con una transferencia de 660,8 millones de euros (226,6 millones más que lo previsto), que en 2027 se elevará hasta los 887,4 millones de euros. Le siguen Cataluña, con un incremento de 378,2 millones de euros para 2027, hasta los 794,7 millones (605,5 millones el mes que viene); y la Comunidad Valenciana, que recibirá 356,7 millones más el año que viene, hasta alcanzar los 694,5 millones (y recibirá 516,2 millones en julio).
La Comunidad Valenciana también se sitúa entre las autonomías más beneficiadas por el incremento de fondos. Recibirá 516,2 millones de euros en 2026 (178,3 millones más de lo previsto inicialmente) mientras que en 2027 la cifra alcanzará los 694,5 millones, con un aumento acumulado de 356,7 millones de euros.
Por detrás se sitúa Castilla y León, que recibirá 346,1 millones de euros este año, 113,6 millones más que sin la ampliación. En 2027 la financiación estatal alcanzará los 459,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 227,3 millones. También destaca Galicia, cuya aportación crecerá desde los 180,6 millones previstos inicialmente hasta los 270,7 millones este año y los 360,9 millones en 2027, con 180,3 millones adicionales.
Canarias y Castilla-La Mancha recibirán incrementos muy similares. En el caso del archipiélago, la financiación aumentará en 78,8 millones este año hasta los 228,5 millones y llegará a los 307,4 millones en 2027, 157,7 millones más que sin la reforma. Castilla-La Mancha, por su parte, percibirá 235,3 millones en 2026 y 314,1 millones en 2027, con una mejora de 157,7 millones respecto al escenario anterior.
País Vasco verá crecer la aportación estatal hasta los 187,4 millones de euros este año, 59,7 millones más de lo inicialmente previsto. En 2027 recibirá 247,1 millones de euros, lo que supone 119,4 millones adicionales. Muy cerca se sitúan Aragón y la Región de Murcia, que superarán los 193 millones de euros en 2027 tras incrementos de 97,2 millones respecto a la financiación previa. Por otro lado, Extremadura recibirá 111,8 millones de euros este año y 149,9 millones en 2027, con una mejora de 76,1 millones. Baleares alcanzará los 116 millones de euros en 2027 tras sumar 56,2 millones adicionales, mientras que Asturias recibirá 109,8 millones, 52,5 millones más que sin la ampliación.
Cantabria, Navarra y La Rioja son las comunidades que percibirán menores cuantías en términos absolutos. Cantabria recibirá 54,6 millones de euros este año y 73,1 millones en 2027, con un incremento de 36,8 millones. Navarra alcanzará los 53,4 millones dentro de un año, 25,3 millones más de lo previsto inicialmente, mientras que La Rioja llegará a los 33,5 millones de euros, con una mejora de 16,5 millones respecto al modelo anterior.
El Gobierno se adelanta a posibles críticas en el Congreso
En el Ministerio de Derechos Sociales aseguran que el decreto supone «la mayor inversión en el sistema de dependencia de nuestra democracia» y subrayan que la norma, ya en vigor, supone una mejora irreversible, en tanto en cuanto reforma los umbrales de dinero para dependencia que había establecido hasta ahora. Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy defienden, además, que la medida forma parte de la transformación del sistema de dependencia que el Ejecutivo empezó ya en la legislatura pasada, con Ione Belarra, y que ahora, dicen, da «un paso más» con el objetivo de dejar atrás el actual «modelo asistencialista» e ir avanzando hacia un modelo «cercano y comunitario».
El próximo paso, según subrayan las mismas fuentes a 20minutos, será la aprobación de las leyes de discapacidad y dependencia, que los grupos debaten ahora en el Congreso de los Diputados. Con esta inversión histórica, el Gobierno espera adelantarse a las habituales críticas y reproches sobre la ausencia de fondos que se necesitarán para afrontar una reforma estructural que contempla más prestaciones y nuevos servicios y recursos. Allana así el camino de la ley para que pueda salir adelante con una amplia mayoría del Pleno. El PP llevaba tiempo exigiendo al Ejecutivo que se hiciese cargo del 50% de la financiación al sistema de la dependencia y el ministerio asegura que, con el último decreto, han cumplido.
