Los pocos sistemas antidrones comprados durante la administración de Gustavo Petro no pasaron con éxito las pruebas técnicas a las que fueron sometidas y tampoco soportaron el cedazo que les pudieron los organismos de control. La Contraloría, por ejemplo, que su área de detección se limitaba a un área de 300 a 430 metros, cuando los protocolos internacionales sitúan ese mínimo en dos kilómetros.
En pruebas de campo bajo control militar esos sistemas fallas en la identificación de las amenazas, problemas de georreferenciación e inhibición de drones, por lo cual ofrecían “un riesgo operacional crítico”, según la calificación de los evaluadores.
Basada en esos estudios y en la debilidad o poca confiabilidad de las ofertas que llegaban en el exterior, Angélica Verbel López, entonces viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, lideró un equipo de expertos que desaconsejó la compra del Escudo Antidrones anunciado por su jefe, el general ® Pedro Arnulfo Sánchez y por el propio presidente Gustavo Petro, con una inversión de $6,5 billones.
| Lea también: Dos empresas turcas, 2 gringas y 16 extranjeras quieren el billonario contrato para montar el sistema antidrones
Según antiguos integrantes de su equipo de trabajo, ella preferiría afrontar investigaciones por no haber autorizado la compra y por supuestas omisiones en el desarrollo de los planes estratégicos de las Fuerzas Armadas y no por haber hecho un gasto, sin el respaldo técnico necesario, que habría generado problemas fiscales inimaginables.
De todas maneras, el proceso de evaluación previa resultó costoso. Según lo expuesto ante el Congreso por el actual ministro de Defensa, general (r.) Jorge Mora, se efectuaron no menos de doce comisiones internacionales a tres continentes. “Mientras la vida de nuestros soldados y policías estaba en riesgo, el gobierno anterior se dedicó al turismo burocrático”, sentenció el ministro.
Los registros presentados muestran que su antecesor en el cargo, el general Sánchez, asistió a una feria de defensa en Catar en enero de 2026, “con el objetivo declarado de buscar proveedores tecnológicos para el sistema de defensa.
La propia Angélica Verbal, que recomendó cautela en el gasto, Integró delegaciones oficiales al exterior que incluyeron visitas a empresas del sector defensa en Turquía y giras por varios países para explorar soluciones antidrones.
El exministro de Defensa, Pedro Sánchez, evaluó varias propuestas, pero fue Angélica Verbel, quien cerró la puerta a la compra.
Grupos de militares y policías activos, liderados por un brigadier general del Ejército, viajaron al extranjero para realizar pruebas y vigilancia tecnológica. Un informe presupuestal identificó gastos por más de $96 millones en cinco comisiones de estos oficiales.
Consolidados los reportes, se encuentra que los destinos incluyeron Catar, Turquía, India, República Checa, Reino Unido (Londres), Estados Unidos (Washington y Nueva York), Alemania, Francia, España, Polonia, Tailandia y Lituania.
El general Mora, ministro actual, dijo con desazón en el Congreso que, tras evaluar a 22 compañías en el exterior, no se encontró ningún contrato adjudicado ni presupuesto garantizado para los $6,2 billones anunciados. Además, criticó una circular del 31 de marzo de 2026 que centralizó las compras y frenó la adquisición directa de inhibidores por parte de las unidades militares, las verdaderas especialistas.
El exministro Sánchez se puso del lado de su entonces viceministra y rechazó las acusaciones. Aseguró que no se firmó ningún contrato porque los comités técnicos determinaron que ninguna de las soluciones evaluadas cumplía con todos los requisitos operacionales para proteger a las tropas.
La alerta del Libro Blanco
Al presentar su famoso Libro Blanco ante los órganos de control, el presidente De la Espriella consignó en las páginas que aludían al tema: “El Escudo antidrones (es) una compra de $6,3 billones que avanza con alertas sobre su estructuración”.
Advirtió entonces que en momentos en que los grupos armados incrementan el uso de drones cargados con explosivos contra soldados y comunidades, el Gobierno anterior impulsó un proyecto superior a $6,3 billones para crear el Escudo Nacional Antidrones.
“Sin embargo, durante su desarrollo surgieron cuestionamientos relacionados con la transparencia del proceso, la reducción de oferentes, la metodología de evaluación, presuntos conflictos de interés, aspectos que requieren mayor claridad en la planeación y la ausencia de pruebas integrales (…)”, alertó.
| Lea también: 351 ataques, 43 muertos y un escudo de papel: la guerra aérea que el Estado ignoró
Anticipándose de alguna manera a la “lluvia de drones” que vendría por parte de las organizaciones terroristas el documentó observó que de ese proyecto dependería la capacidad del Estado para proteger a la población y a la Fuerza Pública frente a una de las amenazas que más ha crecido en los últimos años, luego de ser detectados cerca de 9.000 intentos de ataques con drones por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) en 2025.
De hecho, entre abril de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 382 ataques que dejaron 282 personas afectadas. Solo en Cauca y Nariño se registraron 62 ataques durante los primeros meses de 2025.
“Es por esto por lo que, si los recursos públicos no se invierten con rigor técnico, transparencia y criterios de selección objetiva, Colombia corre el riesgo de adquirir capacidades insuficientes o inadecuadas, comprometiendo la seguridad de miles de ciudadanos y desperdiciando una inversión superior a $6,3 billones que debe fortalecer, y no debilitar, la defensa nacional”, se lee en uno de los apartes fundamentales de ese documento.
La sucesión de ataques
En lo corrido de noviembre de 2026, los registros oficiales para los ataques ocurridos en este mes, los registros oficiales reportan ocho episodios graves que dejan nueve militares muertos, más de 50 uniformados heridos o afectados y varios civiles lesionados.
el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó en la tarde de este miércoles a Colombia y entre los temas que tocará con Abelardo de la Espriella serán los sistemas antidrones que necesita el país.
A nivel nacional, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) contabilizó 351 ataques con drones en Colombia hasta el 2 de noviembre de 2026, mientras que la Policía Nacional registra 708 atentados acumulados desde abril de 2024 hasta el 8 de noviembre de 2026.
El 2 de noviembre en San José del Palmar (Chocó) un ataque con drones explosivos atribuido al ELN dejó dos soldados muertos y heridos. Cinco días después, en Santa Rosa del Sur (Bolívar) un ataque masivo contra el Cantón Militar Prócer Manuel Rodríguez Torices dejó tres militares muertos, 16 heridos de gravedad y 31 uniformados afectados.
La ofensiva no paró. El 12 de noviembre en Tibú (Norte de Santander), una ofensiva con cerca de 20 aeronaves no tripuladas en el sector de Parco La Silla dejó cuatro militares muertos y cinco heridos. Cuarenta y ocho horas después en El Tarra (Norte de Santander) explosivos lanzados desde drones en el corregimiento Filo el Gringo destruyeron una vivienda y afectaron locales comerciales. El concepto de la exviceministra Verbel puede ser revaluado, pero como quiera que sea el Escudo Antidrones es un proyecto al que no se le podrían dar más largas.
Navegación de entradas
