Solo 8 de 41 casos siguen en investigación, un estancamiento que llevó a que la Fiscal general de la Nación fuera denunciada por presunta omisión
La falta de avances en las investigaciones por abuso y acoso sexual contra mujeres deportistas de Bogotá es hoy el centro de una denuncia disciplinaria contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Son 41 casos recopilados desde 2021, cuando varias jóvenes de diferentes ligas deportivas decidieron reportar situaciones que afectaron su seguridad durante entrenamientos, competencias y procesos formativos. Cuatro años después, la mayoría de esos expedientes no han tenido una respuesta concreta por parte del ente investigador.La información que salió a la luz muestra una brecha difícil de justificar. De los 41 casos entregados a la Fiscalía, solo 27 aparecían registrados en los sistemas internos. Y de esos 27 expedientes, apenas 8 seguían activos. Los demás habían sido archivados o clasificados sin mayor detalle, lo que dejó a las víctimas sin claridad sobre el destino de sus denuncias. Esta situación dio paso a la acusación por prevaricato por omisión contra Camargo, bajo el argumento de que la entidad no actuó con la diligencia necesaria frente a hechos que involucran violencia sexual.
Lea también: Un curtido abogado defiende a la Fiscal para que su nombramiento no se caiga: tiene 10 demandasLas familias de las deportistas se enfrentaron a un panorama de puertas cerradas. En 2023, cuando ya había pasado un tiempo considerable desde que se presentaron las denuncias, se radicó una petición para conocer el estado de los procesos. Nunca fue respondida. Un año después, ocurrió lo mismo con una nueva solicitud.La falta de respuestas concretas obligó, en 2025, a acudir a una tutela para intentar obtener algo tan básico como el estado real de los procesos. Lo único que llegó fue una contestación formal, escrita como si bastara con cumplir un trámite, pero sin aclarar qué había pasado con cada denuncia. La sensación para quienes llevan años esperando fue la misma: todo seguía en el aire, sin un dato claro que ayudara a entender por qué nada avanzaba.El documento enviado por la Fiscalía terminó revelando más vacíos que certezas. Solo aparecía una parte de los casos que habían sido reportados y no había rastro de actuaciones, de audiencias relevantes o de decisiones concretas. Incluso en los pocos expedientes que seguían activos no existía una acusación formal. Para las deportistas y sus familias, ese panorama se convirtió en una especie de confirmación de algo que venían sintiendo desde el inicio: estaban enfrentando un sistema que no alcanzaba a protegerlas y que dejaba sus denuncias atrapadas en trámites sin profundidad.
Lea también: La foto de la senadora Isabel Zuleta que la dejó a ella contenta y a la Fiscal mal paradaLa denuncia contra la fiscal Camargo intenta definir si todo esto responde a fallas profundas dentro de la institución o a omisiones que nacen desde su propio liderazgo. Si la Comisión de Acusaciones determina que hubo responsabilidad, las consecuencias podrían ir desde una suspensión hasta su salida definitiva del cargo. Y más allá del proceso disciplinario, el caso volvió a poner en discusión la forma en que las instituciones reciben y atienden denuncias de violencia sexual en el deporte, un espacio donde el silencio y el miedo suelen pesar más que la posibilidad real de justicia.Los 41 casos que hoy salen a la luz no son un número en un informe; son el reflejo de un sistema que no logró reaccionar a tiempo frente a mujeres jóvenes que buscaban protección. La falta de seguimiento y la ausencia de decisiones claras muestran una cadena de fallas que ahora está bajo revisión. Mientras avanza la investigación contra la fiscal general, las deportistas siguen esperando una respuesta que les dé, al menos, la tranquilidad de saber que sus denuncias ya no están perdidas entre archivos y trámites sin resolver.
