Palomino, jefe de Los Pepes, está listo para frenar a su grupo que también estuvo en el fallida paz urbana de Petro, a la que el alcalde Char se le atravesó
El pasado 25 de junio, después de recibir en el Consejo Nacional Electoral la credencial que lo confirmaba Presidente electo, Abelardo de la Espriella les dio un mes a los grupos armados del país para entregarse a la justicia. Nada de mesas de negociación, dijo, nada de estatus político para bandas de crimen organizado.
Su gobierno, que arranca el 7 de agosto, rompería con el modelo de la Paz Total que manejó la administración saliente y Digno José Palomino, el mandamás de Los Pepes, una de los grupos criminales más peligrosos del Caribe, fue el primero en levantar la mano.
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Palomino fundó Los Pepes en 2022, después de romper con el hombre que había sido su socio durante casi una década. Antes, junto con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, construyó Los Costeños, banda nacida de una escisión de Los Rastrojos Costeños que llegó a controlar buena parte del microtráfico y la extorsión en Barranquilla, Soledad y Malambo.
Se conocieron presos en la Cárcel Modelo de Barranquilla en 2012 y se hicieron compadres. El primero de enero de 2022, en plena fiesta de fin de año, sicarios mataron en Barranquilla a Dyango Cueto, hombre de máxima confianza de Castor. La orden se la atribuyeron a Palomino. Ahí se acabó la sociedad y empezó la guerra: los Costeños con el león como emblema y Los Pepes con el caimán. Entre 2022 y 2024, según cálculos de expertos en seguridad de la región, más de 800 muertes estuvieron vinculadas a la disputa.
Antes de que la Picota se convirtiera en el escenario de una tregua entre los dos bandos, Los Pepes y Los Costeños ya habían tanteado otra salida: sentarse a negociar con el gobierno de Gustavo Petro dentro de su proyecto de Paz Rural. El intento no prosperó. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, salió a cuestionar la política de paz del presidente, con el argumento de que terminaba protegiendo a los criminales mientras la ciudadanía cargaba con extorsiones y asesinatos. Petro respondió acusando a la alcaldía de no controlar la seguridad de la ciudad y llegó a señalar que el propio mandatario local tenía vínculos con los grupos ilegales que decía combatir. Char lo denunció por calumnia. El cruce entre los dos, más político que operativo, terminó por enfriar el acercamiento entre las bandas y el gobierno nacional, y la salida negociada bajo la Paz Rural quedó congelada.
A Palomino lo han capturado y trasladado de cárcel varias veces sin que eso le quitara el mando. Cayó en Venezuela en diciembre de 2019, en una operación de Interpol que lo encontró con documentos falsos. Desde entonces, pasó por prisión domiciliaria, por la cárcel El Bosque en Barranquilla, por La Dorada en Caldas —donde resultó herido en una riña— y terminó recluido en Barranquilla, desde donde sigue manejando la banda. Buena parte de su tropa terminó también tras las rejas, pero eso no le quitó a Los Pepes su capacidad de operar en la calle.
La Fiscalía lo imputó por, al menos, diecisiete homicidios cometidos entre 2022 y 2023 en Barranquilla, Soledad y Malambo, además de concierto para delinquir, extorsión y uso de menores en actividades criminales. Preso, siguió dando órdenes. Los Pepes se convirtió en una de las estructuras más violentas de la región Caribe, con dominio sobre el microtráfico, la extorsión a comerciantes y los homicidios selectivos.
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En octubre de 2025, Palomino y Castor se dieron la mano en una sala de la cárcel La Picota, en Bogotá. Allí, en plena reclusión, firmaron una tregua para sumarse a la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. El acuerdo bajó por un tiempo los homicidios, pero no acabó con la inseguridad: nuevas facciones desprendidas de las dos estructuras siguieron peleando por las mismas rentas.
Ese era el mapa que encontró De la Espriella al recibir su credencial. El domingo 5 de julio, poco antes de que se cumpliera el plazo, confirmó que había recibido una solicitud de Palomino y de Aldair Montealegre, segundo al mando de Los Pepes y señalado por homicidios selectivos y por manejar las rutas de microtráfico de la banda.
Ambos criminales pidieron someterse a la justicia bajo la ley vigente y se convirtieron en el primer grupo al margen de la ley del país en responder al ultimátum. De la Espriella dijo que ese lunes daría instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el proceso. Además, aseguró que le pediría a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, un fiscal especializado y un equipo de policía judicial para adelantar la captura y el juzgamiento de los dos cabecillas.
El mensaje no se quedó ahí. En la misma intervención, De la Espriella advirtió al resto de las estructuras armadas que les quedaba menos de un mes para tomar la misma decisión y que quien no lo hiciera lo iba a lamentar. Anunció, además, la reactivación de todas las órdenes de captura vigentes contra grupos ilegales. También que el 7 de agosto firmaría el decreto que crea un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Barranquilla cargó durante años con las masacres, los cierres forzados de comercio y las fronteras invisibles que Los Pepes y Los Costeños trazaron a sangre. La salida de Palomino y Montealegre del negocio criminal es, para De la Espriella, el primer paso para que la ciudad recupere algo de lo que perdió.
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