Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acudido este lunes al juzgado, pero se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza Inmaculada Iglesias, que lo investiga por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Se trata de la quinta ocasión en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid cita al imputado, si bien el interrogatorio se ha pospuesto por distintos motivos en las anteriores cuatro ocasiones.
Esta vez, el abogado de González Amador, Carlos Neira, ha intentado posponer de nuevo la declaración. Pero la jueza se ha negado y entonces el imputado se ha acogido a su derecho a no declarar. De modo que González Amador, citado a las 10.00 horas de este lunes, ha salido por la puerta principal de los Juzgados de Plaza de Castilla cuando aún faltaban 20 minutos para las once de la mañana.
Iglesias investiga al novio de Ayuso por dos presuntos fraudes en el impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2020 y 2021. Según lo denunciado por la Fiscalía a raíz de un informe de Hacienda, González Amador habría dejado de pagar 155.000 euros el año de la pandemia y otros 195.951 el siguiente. Además, el novio de Ayuso está investigado por presuntamente haber creado unas facturas falsas por servicios nunca prestados con el objetivo de tributar menos a Hacienda.
Según la instructora de la causa, las conductas están enmarcadas en los delitos penados en «el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal». Junto a la pareja de la presidenta madrileña, están investigados en la causa otros cuatro individuos: Maximiliano Eduardo N.G, David H.L, Agustín C.S y José Miguel C.S.
Según fuentes presentes en la Sala, la defensa de González Amador ha defendido que su cliente no debía declarar hasta la resolución de un recurso de apelación planteado ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura de una pieza separada en la causa. Según han alegado los letrados del imputado, testificar sin haberse resuelto este recurso vulneraría los derechos de defensa de la pareja de Ayuso.
Con lo cual, aunque la jueza Inmaculada Iglesias no ha accedido a aplazar por quinta vez la diligencia, los abogados han aconsejado a González Amador que se acoja a su derecho a no declarar, como efectivamente ha ocurrido finalmente. Los otros cuatro investigados también se han negado a declarar, según fuentes jurídicas.
La investigación contra la pareja de Ayuso se inició hace ya más de un año, cuando la Agencia Tributaria remitió al Ministerio Público un informe sobre el presunto fraude del empresario. Las pesquisas cayeron en manos del fiscal de Delitos Económicos de Madrid Julián Salto, con quien se puso en contacto Carlos Neira. El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador envió un correo al fiscal en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal y proponía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad que lo librara de una eventual pena de cárcel.
Después, el propio Julián Salto contestó avalando la posibilidad de un pacto, en un mensaje que se malinterpretó cuando se publicó en medios por primera vez, en la noche del 13 de marzo de aquel año: una noticia de El Mundo sostenía que era la Fiscalía quien proponía un acuerdo a la pareja de Ayuso. Esa misma noche se filtró, algo más tarde, el correo del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador asumía la culpabilidad de su cliente.
Y por esa filtración está siendo investigado a día de hoy el fiscal general del Estado, a partir de una denuncia del novio de Ayuso. El asunto ha llevado a Álvaro García Ortiz al momento más delicado de su carrera, hasta el punto de que se ha convertido en el primer fiscal general imputado en la historia de la democracia española.
