El penalista Andrés Caballero asumió la defensa de Deicy Jiménez a quien cada vez le aparecen nuevos contratos que pueden complicarle la situación al expresidente
El abogado que va a defender a Deicy Jiménez, quien destapó la Caja de Pandora por un posible tráfico de favores sexuales a cambio de contratos en cabeza del expresidente Gustavo Petro es un curtido penalista que ha asumido en el pasado casos mediáticos. Se trata de Andrés Felipe “Pipe” Caballero es egresado de la Universidad Autónoma del Caribe y socio fundador de su propio bufete, Caballero Sierra Abogados.
Su rango de acción laboral ha sido más en el ámbito de la Costa Atlántico donde ha representado a personajes públicos como Aída Victoria Merlano, la hija de Aida Merlano quien terminó condenada y Juancho Daza.
En la investigación contra Aída Victoria Merlano, Caballero formó parte del equipo de defensa durante las etapas iniciales del proceso relacionado con la fuga de la excongresista Aída Merlano. La defensa debía responder a acusaciones de favorecimiento de fuga, en calidad de cómplice, y uso de menores para la comisión de delitos, por la presunta participación del hermano menor de Aída Victoria. Sin embargo, Caballero renunció al caso por diferencias en las estrategias jurídicas de la defensa.
Por su bufete leal han pasado también políticos como el ex gobernador del Cesar, quien también está detenido, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, y estuvo cerca a la investigación por el atentado al Centro Comercial Andino y el proceso relacionado con los piques ilegales de Ibagué, entre otros.
Uno de los casos más destacados de su trayectoria es el de Diego Cadena y Juan José Salazar. En este proceso, Caballero habría contribuido a una victoria jurídica al obtenerse la absolución de Salazar, quien era socio del abogado Diego Cadena, quien termino condenado en el caso de los falsos testigos de Álvaro Uribe.
Entre las actuaciones que ha impulsado también figura una controversia relacionada con el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”. Caballero cuestionó publicaciones que consideró ofensivas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. A su juicio, expresiones como “ratita” y “pati raquítica” son despectivas y exceden los límites de la libertad de expresión y la crítica política legítima, al constituir, presuntamente, misoginia disfrazada de humor.
Ahora, Caballero deberá asesorar a Jiménez durante la investigación. En sus declaraciones, ella tendrá que precisar cómo se habrían obtenido contratos con entidades estatales, entre ellas el Ministerio del Interior, el Senado y la Superintendencia de Vigilancia, si se confirma la existencia de esos vínculos, y aclarar si habrían estado relacionados con encuentros íntimos con Petro. También deberá aportar elementos que permitan establecer si se trató de un hecho aislado o si, como sostiene la denuncia, habría existido una presunta red en la que estarían implicadas entre 30 y 40 mujeres jóvenes bajo un mecanismo similar.
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