Jumilla, un pequeño ayuntamiento murciano de unos 27.000 habitantes, se ha convertido en el epicentro de la batalla política en pleno periodo estival. La polémica comenzó a raíz de una moción de Vox para prohibir celebraciones islámicas en el municipio, que el PP modificó de forma que la restricción afectase a todas las celebraciones culturales, sociales y religiosas en los centros deportivos de Jumilla. Su aprobación y debate en el pleno municipal ha hecho visible la estrategia migratoria de cada uno de los partidos antes del comienzo del curso político: Vox se ha enfrentado con la Conferencia Episcopal, el PSOE ha aprovechado para intentar vincular al PP con la ultraderecha, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo tildan la polémica de exageración, se desligan de Vox, pero mantienen su aval a la moción.
La medida, que el PP presentó después de que Vox condicionase el apoyo a sus presupuestos municipales al impulso de la misma, ha escalado del ámbito municipal al nacional en apenas unos días. De hecho, la normativa podría tener también un recorrido legal, puesto que el Gobierno ya amenaza con impugnarla en los juzgados de lo contencioso-administrativo. En este sentido, los partidos han tenido que movilizar sus argumentarios a nivel nacional en un verano en el que la política migratoria se ha situado como uno de los principales temas, con el comienzo de la reubicación de los menores solicitantes de asilo, los sucesos en Torre Pacheco y, esta última semana, la moción que ha puesto al Ayuntamiento de Jumilla en el mapa de la confrontación política.
Doble ofensiva del PSOE contra el PP
El Gobierno ha emprendido una doble ofensiva contra el PP. Por un lado, está el cauce legal con la impugnación de la moción, que no deja de ser un requerimiento del Ejecutivo al Ayuntamiento de Jumilla (gobernado por el PP) para que anule la iniciativa municipal. En el caso de que no lo haga en un plazo de 30 días, fuentes gubernamentales ya avanzan que irán a los juzgados de lo contencioso-administrativo, sin descartar ninguna otra vía. Por otro lado, el PSOE también ha puesto en marcha una ofensiva política contra los populares, que consiste en intentar vincularles con la ultraderecha.
Ministros, cargos autonómicos y ediles socialistas han salido a la carga contra el PP por esta iniciativa; le acusan de convertir Jumilla en el «laboratorio de las políticas de la ultraderecha». Desde Ferraz, aseguran que Vox y el PP han «institucionalizado la islamofobia». «En cada pacto que se da entre la derecha y ultraderecha hay un derecho que se recorta», señaló la portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, en unas declaraciones remitidas este lunes a los medios de comunicación. «Y no sólo es que haya un derecho que se recorta: la escalada cada vez es más grande», apuntaló. Los socialistas cargan directamente contra Alberto Núñez Feijóo, cuyo «único» plan, señalan, es el de llegar a la Moncloa, lo que pasa «por los acuerdos con la ultraderecha».
«Vox manda, el PP obedece y todos perdemos porque cada vez que hay un acuerdo entre PP y Vox, España retrocede», entonan desde el cuartel general del PSOE.
El PP acusa al PSOE y a Vox de exagerar
Los populares, que optaron por rebajar la medida de Vox para lograr su apoyo a los presupuestos, aseguran que lo único que pretenden tanto el PSOE como los de Santiago Abascal es «hacer ruido». «Unos por ganar un espacio que no tienen y otros para que dejemos de hablar de corrupción», reprochó el responsable de Economía del partido, Juan Bravo. En todo caso, desde Génova han defendido la iniciativa de la alcaldesa de Jumilla, Seve González, al considerar que únicamente se trata de una resolución que consta de dos puntos «en los que no se hace referencia a ninguna religión ni ningún rito».
Precisamente, hace unas semanas el PP votó en contra de una moción de Vox similar a esta en el Ayuntamiento de Murcia al considerarla «más sectaria de la cuenta» y plantearon una alternativa con el fin de promover actividades, campañas y propuestas culturales en defensa de la identidad murciana y de protección de las «manifestaciones religiosas tradicionales». En ese caso, tanto Vox como el PSOE se abstuvieron y la medida salió adelante.
También rechazaron una moción de Vox presentada en Ceuta el pasado mes de junio. La diputada del PP, Sofía Acedo, aseguró entonces que el PP de Feijóo y del resto de las comunidades y ciudades autónomas impulsan una «democracia cívica» y promueven la «convivencia, la integración, el respeto y el encuentro entre españoles en la defensa de lo más importante que tenemos: la libertad». Las iniciativas de Vox prometen extenderse a lo largo y ancho del mapa municipal y autonómico a través de propuestas para prohibir el velo islámico. De hecho, se espera que una proposición no de ley (PNL) aterrice después del verano en el Congreso.
Vox se enfrenta a los obispos
Los de Santiago Abascal, por su parte, sacan pecho de «hacer historia» en Jumilla y de promover las «raíces cristianas», aunque también han tenido que darle una vuelta a sus propio argumentario después de que la Conferencia Episcopal -de la que forman parte 126 obispos españoles- criticase la moción al considerar que puede vulnerar la libertad religiosa.
Finalmente, Abascal optó por lanzarse al ataque contra «una parte» de la jerarquía eclesiástica, sugiriendo que su falta de críticas al Gobierno podría deberse a las subvenciones que recibe a través de organizaciones que atienden a migrantes. El líder de Vox incluso mentó los «casos de pederastia dentro de la Iglesia», señalando que esta cuestión podría tenerla «absolutamente amordazada». En definitiva, mantuvo su defensa a las iniciativas presentadas y constató su intención de seguir presentando mociones similares en ayuntamientos y comunidades a pesar de las críticas de los obispos.
Vox mantiene activa la proposición no de ley en el Congreso que, además de pretender la prohibición de cualquier «atuendo o vestimenta islámica», urge a garantizar la «integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España, garantizando la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales«. Esa propuesta, que no tiene carácter vinculante para el Gobierno, llegará a las Cortes con las posiciones de los partidos sobre política migratoria ya sobre la mesa tras la moción de Jumilla.
