Junto al ex alcalde se sentaban el exsuper Pablo Felipe Robledo, el exmagistrado Jorge Iván Palacio y 4 miembros más cuando se aprobó la creación de Afinia
Para el alcalde Federico Gutiérrez, Afinia, la empresa que se creó para suministrarle energía a 4 departamentos de la Costa, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar ha sido el peor descalabro financiero de la historia de EPM. Además, se convirtió en uno de los presuntos focos de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero quien como alcalde en su momento presidia la junta.
Tras la crisis del arranque de la alcaldía de Quintero quien nombró a Álvaro Guillermo Rendón en la gerencia de EPM que llevó a la renuncia masiva de los integrantes de la anterior Junta Directiva en agosto de ese mismo del 2020. Se conformó una nueva firma junta directiva que fue la que terminó aprobando la compra de CaribeMar para darle vida a la que sería Afinía y firmando el acta de constitución .
En la nueva Junta tenían asiento el ex magistrado Jorge Iván Palacio, el ex superintendente Pablo Felipe Robledo, el exalcalde de Ómar Flórez Vélez, el abogado Bernardita Pérez y el recién nombrado Jorge Andrés Carrillo que había sido nombrado como nuevo gerente. En el documento firmado el 18 de septiembre del 2020 también aparecen Guillermo León Diosa, Gildardo Antonio Correa y Olmer Orlando Palacio, en calidad de vocales de control, quienes representaban a los usuarios y a la comunidad.
Había sido una iniciativa impulsada por el gobierno de Iván Duque como un esquema de salvación al suministro de energía en la Costa tras la crisis de electricaribe. La ministra de minas y energía era María Fernanda Suárez, recién nombrada presidente del Banco de Bogotá. Duque presentó un optimista plan que no resultó.
El descalabro de Afinia que el presidente Duque presento como una gran apuesta paisa
La compra de Afinia ha sido objeto de cuestionamientos posteriores. El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la ha calificado como el peor negocio en la historia de EPM, debido a las pérdidas operativas, las dificultades de recaudo en la región Caribe y los resultados financieros de la filial.
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Afinia tiene cerca de 1,8 millones de usuarios en el Caribe y ha sido un dolor de cabeza para Epm desde su arranque en septiembre del 2020
A estas críticas se sumó un informe de la Contraloría Distrital de Medellín que determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones. Según el ente de control, EPM habría tenido la posibilidad de desistir del negocio sin asumir penalizaciones por incumplimiento y, aun así, decidió continuar con la operación.
No fue fácil para Quintero conformar la nueva junta directiva para reemplazar a los reconocidos dirigentes empresariales antioqueños que durante años manejaban EPM y quienes renunciaron colectivamente.
Sin embargo logró integrarla con nombres reconocidos como el del exmagistrado Jorge Iván Palacio quien presidió la Corte Constitucional. Antes de llegar a la Junta Directiva de EPM, Palacio ya tenía vínculos con proyectos de infraestructura de la región. Entre sus antecedentes figura su participación como miembro suplente de la junta directiva de Hidroituango, en representación de EPM.
Otro de los integrantes era Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También se desempeñó como gobernador encargado del Guaviare, ministro de Justicia encargado y director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Su nombramiento fue interpretado por algunos analistas y sectores gremiales antioqueños como una apuesta de Quintero por incorporar perfiles jurídicos con experiencia en controversias y defensa institucional.
Por su parte, Ómar Flórez Vélez, exalcalde de Medellín, llegó a la Junta con el antecedente de haber presidido anteriormente ese mismo órgano de dirección de EPM. Su experiencia en la administración pública y su conocimiento de la empresa fueron algunos de los argumentos que respaldaron su designación. Sin embargo, antes del nombramiento había expresado públicamente su respaldo a Quintero frente a la controversia por Hidroituango. En esa ocasión sostuvo que las acciones del alcalde contra los contratistas respondían a la obligación legal de un administrador público de evitar un detrimento patrimonial.
Jorge Andrés Carrillo, ingeniero civil y ambiental, también hizo parte de la Junta Directiva. Su posterior nombramiento como gerente general de EPM generó debates jurídicos y cuestionamientos relacionados con posibles inhabilidades y las disposiciones legales aplicables a los integrantes de las juntas directivas de empresas públicas. Su participación previa en el órgano directivo fue uno de los aspectos señalados por opositores y expertos en gobierno corporativo. Finalmente, su designación como gerente recibió el visto bueno correspondiente.
Bernardita Pérez, abogada de la Universidad de Antioquia, completaba el grupo de integrantes de la Junta Directiva. Su trayectoria incluye experiencia en la rama judicial y desempeños como conjuez de la Corte Constitucional, del Tribunal Superior de Medellín y del Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, entre sus antecedentes también figuraba haber representado jurídicamente a uno de los consorcios que perdió la licitación de Hidroituango, circunstancia que generó cuestionamientos sobre su llegada al órgano directivo.
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