La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a la Asamblea de Extremadura que certifique que este último es diputado desde la semana pasada. Una vez se confirme que así es, la instructora elevará una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el único órgano que puede juzgar a los diputados de la Asamblea. El socialista pactó la renuncia de una diputada de la Asamblea y recogió el acta el pasado miércoles, escasas horas antes de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz mandara abrir juicio oral contra él en la Audiencia Provincial.
La jueza, Beatriz Biedma, ha aclarado cómo debe proceder a través de un escrito de tres folios, al que ha accedido 20minutos, en contestación al propio Gallardo, que había pedido a la jueza inhibirse directamente en favor del TSJ de Extremadura. En la providencia, Biedma subraya que «no procede la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sino, en su caso, elevar exposición razonada».
No obstante, no enviará escrito al TSJ hasta que «el letrado mayor y secretario general de la Asamblea de Extremadura» certifique «que Miguel Ángel Gallardo ostenta la condición de diputado y desde qué fecha». En la providencia, la jueza acuerda solicitar a la Asamblea esta información, y también pide «a la Junta Electoral de Extremadura que aporte toda la documentación» sobre la designación de Gallardo.
En definitiva, Biedma no ha accedido a inhibirse directamente de la causa, como pidió la defensa de Gallardo inmediatamente después de que el socialista tomara el acto de diputado, en un escrito en el que se subrayaba: «El señor Gallardo Miranda goza de las prerrogativas propias de miembro de la Asamblea de Extremadura».
El abogado de Miguel Ángel Gallardo señaló en su escrito que, al adquirir su cliente la condición de diputado, el TSJE es el tribunal que debe decidir si se dirige un juicio contra él. Es decir, que su aforamiento no solo implica que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es el que debe juzgarlo, sino que está en su mano la decisión de abrir juicio oral.
De hecho, la defensa de Gallardo considera que el TSJ debe asumir la causa en lo que respecta al diputado y también al resto de investigados, en tanto que «no es posible escindir los hechos que se atribuyen» a todos ellos.
Pero la jueza sostiene que «las inhibiciones únicamente se aplican entre juzgados de instrucción», y cita el artículo 52 de la ley orgánica del Poder Judicial: «No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí. El tribunal superior fijará, en todo caso, su propia competencia».
Este lunes, Gallardo ha anunciado que el viernes presentará su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz y concejal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. El socialista, que horas antes de ser enviado al banquillo recogió el escaño gracias a la renuncia de cuatro socialistas que tenían prioridad sobre él, ha invitado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a «reflexionar» sobre la posibilidad de eliminar los aforamientos en la Asamblea. Según ha dicho, en alusión a las críticas por su aforamiento repentino, se siente víctima de una «campaña de desprestigio».
